Revés para la Ministra de Sanidad: la CNMC cuestiona sus medidas antitabaco por falta de evidencia 

El organismo advierte que el proyecto de real decreto incluye "varias restricciones a la competencia" que no están suficientemente justificadas ni respaldadas por evidencia empírica 

(Foto de ARCHIVO) La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa tras la reunión del pleno del CISNS, en la Sala Polivalente del Ministerio de Sanidad, a 14 de febrero de 2025, en Madrid (España). Eduardo Parra / Europa Press 14/2/2025

La ministra de Sanidad, Mónica García. Foto: Eduardo Parra / Europa Press.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe crítico sobre el proyecto de real decreto del Ministerio de Sanidad que regula la fabricación y comercialización de productos del tabaco y sus derivados. Aunque el organismo comparte el objetivo de proteger la salud pública, advierte que el texto incluye «varias restricciones a la competencia» que no están suficientemente justificadas ni respaldadas por evidencia empírica. 

Entre las medidas que Sanidad pretende aplicar se encuentran la prohibición de sabores distintos al tabaco en las alternativas sin humo y la introducción de límites a las bolsas de nicotina —que no podrán superar los 0,99 gramos por sobre. La CNMC señala que algunas de estas disposiciones afectan a la libertad de empresa y deberían contar con un mayor respaldo legal, sugiriendo que se recojan en una norma con rango de ley. 

El organismo también pone el foco en la necesidad de que todas las restricciones se ajusten a los principios de buena regulación: necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Critica especialmente la falta de estudios que avalen la eficacia de las medidas planteadas, como la prohibición de aromas o el límite de nicotina, y recomienda que se presenten evidencias empíricas que justifiquen su impacto positivo en la salud pública y su viabilidad para el sector. 

Asimismo, la CNMC recomienda revisar el periodo transitorio previsto, de entre 10 y 12 meses, para garantizar que las empresas puedan adaptarse a los cambios sin perjuicios desproporcionados. Respecto al empaquetado genérico, que fue retirado del proyecto en enero por falta de rango normativo adecuado, el organismo sugiere que, si se retoma más adelante, se haga con una base legal sólida y sustentada en datos verificables 

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