Revés de Competencia a Quim Torra por decretar el precio del alquiler
Competencia advierte a la Generalitat de que el decreto para fijar el precio máximo del alquiler de vivienda favorece un alineamiento al alza
La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) carga contra la intención del gobierno de la Generalitat de fijar un precio máximo para los alquileres de viviendas: advierte que tal medida puede desincentivar la oferta y favorecer un alineamiento al alza de los precios. Los efectos de la norma serían contrarios a los deseados.
La ACCO alerta de que el decreto ley de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda, que el gobierno de Quim Torra prevé aprobar este martes, puede “alterar significativamente” el funcionamiento competitivo del mercado de la vivienda.
El punto clave de esta regulación consiste en fijar, por parte de la Generalitat, un precio máximo en el alquiler de vivienda. Esta medida es “fuertemente intervencionista desde la óptica de competencia ya que incide en una variable esencial y básica de la competencia como es el precio”, según subraya la ACCO. Por lo tanto, esta medida podría “alterar significativamente” el funcionamiento competitivo del mercado del alquiler de vivienda.
En términos estrictamente de competencia, el establecimiento de un precio máximo puede favorecer un alineamiento al alza de los precios de oferta de arrendamientos. La ACCO advierte que se transmitiría al mercado un precio de referencia máximo al que probablemente tenderían las ofertas que eventualmente estuvieran por debajo.
Desincentivar la oferta
Además, el establecimiento de un precio máximo puede desincentivar la oferta. La medida podría comportar que propietarios de viviendas que se plantearan la posibilidad de ofrecerlo en régimen de alquiler, al ver limitadas las rentas que pueden obtener a través de esta vía, optaran para ofrecerlo únicamente en el mercado de compra-venta o dejarlo sin ocupar. Esta circunstancia podría incluso ocasionar una mayor escasez de viviendas en régimen de alquiler y, de rebote, hacerlas más inaccesibles, según precisa el organismo que vela por la competencia.
La medida podría conllevar el “efecto indeseado” consistente en la salida de parte de la oferta de vivienda de alquiler del mercado y, por lo tanto, se dificultaría el acceso a la vivienda.
La ACCO considera justificada la adopción de medidas tendentes a la consecución de un objetivo de interés general, como podría ser la garantía en el acceso a la vivienda. Sin embargo, subraya que estas medidas “deberían ser proporcionadas y hacer posible de manera efectiva el acercamiento al referido objetivo”.
