Reforma laboral: la negociación más difícil de Pedro Sánchez

Al Gobierno de coalición se le atraganta su medida estrella de la legislatura: la reforma laboral. Sin duda, la negociación más complicada hasta el momento para Pedro Sánchez. PSOE y Unidas Podemos sudaron tinta china durante nueve largos e intensos meses de negociaciones para sacar adelante el pacto con los agentes sociales, con el miedo de última hora a que se descolgase la patronal, pero finalmente lograron suscribir ‘in extremis’ el pacto tripartito a finales de diciembre tras cesiones de todas las partes.

Ahora, el texto tiene que aprobarse el próximo día 3 de febrero en el Congreso de los Diputados y el Gobierno sólo ha conseguido por el momento el apoyo de 167 parlamentarios. Una cifra insuficiente, ya que requiere de mayoría simple (más síes que noes) para pasar el trámite en la Cámara Baja.

El plena campaña electoral en Castilla y León y a una semana de la votación, a Pedro Sánchez no le salen las cuentas para aprobar la ‘medida estrella’ del Gobierno. Tanto PSOE como Unidas Podemos hacen suyo el texto, pese a no derogar algunos puntos clave de la anterior reforma del Partido Popular. Precisamente, este aspecto y el acuerdo con la CEOE son dos de las objeciones que ponen los independentistas y nacionalistas para no sumarse.

La patronal no quiere que el texto se tramite como anteproyecto de ley, puesto que ello implicaría que las diferentes formaciones realizaran cambios en la norma. Ello alargaría el tiempo de aprobación y la norma podría verse modificada en aspectos esenciales como la primacía de los convenios autonómicos por encima del estatal.

Por ello, el Gobierno ha tenido que prometer a los agentes sociales que no se tramitará por esta vía por miedo a que éstos se bajen del acuerdo. Este aspecto es importante, ya que es una de las recomendaciones que realizó Bruselas al Ejecutivo español a cambio del desembolso de los fondos europeos. Se debe de aunar el mayor consenso posible.

Atado de pies y manos en la negociación

Así y con estas características, el Gobierno está atado de pies y manos para negociar. Desde Unidas Podemos insisten en estar negociando «a contrarreloj» para sacar «la medida de Yolanda Díaz», insisten, con los socios de investidura. ERC, Bildu, BNG y la CUP se lo pusieron difícil este jueves al firmar un manifiesto negándose a dar su apoyo si no se abría el texto a posibles modificaciones.

Los socialistas utilizaron la «geometría variable» para pedirle a la patronal CEOE que negociase con Ciudadanos, y así ellos no tendrían que rendir cuentas ante sus socios de coalición. Los naranjas votarán ‘sí’ a cambio de que el texto no se toque, después de diversas reuniones a puerta cerrada en las que se ha implicado incluso la exministra de Trabajo del PP, Fátima Báñez, artífice de la anterior reforma laboral de 2012 del PP, denostada por el Gobierno y sus socios.

A este respecto, al ministro de la Presidencia y principal negociador, Félix Bolaños, solo le faltaría la abstención del PNV. Pero en Ajuria Enea se están vendiendo caros y solo se abstendrían si se priman los convenios autonómicos (el denominado marco vasco de negociación) y si Cs no está en la ecuación. Algo impensable por el momento.

No salen las cuentas

En Moncloa comienza a cundir el pánico porque a una semana vista no salen las cuentas. Según ha podido conocer Economía Digital y hasta la fecha, el Gobierno tendría prácticamente atados 167 diputados si la reforma se tramita de esta manera: PSOE (120), Unidas Podemos (34, ya que el escaño de Alberto Rodríguez sigue sin cubrirse), Cs (9), PRC (1), Teruel Existe (1), Nueva Canarias (1) y Coalición Canaria (1). Esta cifra contrasta con los 173 noes de PP (88), Vox (52), ERC (13), PNV (6), EH Bildu (5), Junts (4), CUP (2), BNG (1), Foro Asturias (1) y del diputado fugado de Cs, Pablo Cambronero.

Ante este escenario, la postura definitiva de los cuatro diputados del PDeCAT, los dos de Más País y el parlamentario de Compromís también es clave, pues a pesar de no haber asegurado el sí, han afirmado que «no harán descarrilar» la medida.

Fuentes socialistas aseguran que el ministro Bolaños prevé cerrar este finde semana con el portavoz de Cs, Edmundo Bal, su apoyo a la normativa laboral y lograr el voto de los partidos minoritarios. Mientras la vicepresidenta segunda sigue empeñada en sus intentos de negociación con los aliados de investidura para aprobar, con el marchamo de izquierdas, la reforma laboral.

Los socialistas, por el momento, aseguran «dejar hacer» a la representante de Podemos en el Gobierno porque a ellos también les gustaría que la medida saliera adelante con los socios de investidura. Pero también advierten que «ojo con lo que promete» porque «no todo se puede cumplir». Díaz estaría ofreciendo la aprobación posterior de medidas laborales y los socialistas recalcan que según cuáles no se podrían ya que ello implicaría tocar la reforma.

Sánchez mantiene inalterables sus tres premisas: no tocar ni una coma del texto pactado por los agentes sociales, no comprometerse a negociaciones posteriores que revisen el acuerdo y no aceptar su tramitación como proyecto de ley. En definitiva, cegar cualquier posibilidad de introducir modificaciones. «La reforma tiene que salir sí o sí y sin modificaciones», recalcan desde las filas socialistas.

En el grupo socialista se alberga además la esperanza de que este giro hacia Ciudadanos haga «reflexionar» a ERC y acepte al menos abstenerse en la votación de convalidación del real decreto el próximo jueves.

Las contrapartidas de Díaz: convenios autonómicos o IMV al País Vasco

Mientras se culmina el desenlace y llega el anuncio definitivo a la negociación más complicada del Gobierno en lo que va de legislatura, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mantiene sus negociaciones y ya avisó de que «no abandona la mesa hasta el último momento», por lo que se mantiene en su empecinamiento de sacar adelante la reforma con los aliados habituales.

Con el PNV parece más factible después de que la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, confirmara el pasado viernes en un viaje oficial a Euskadi que la competencia sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se transferirá de forma «íntegra» y «sin limitación temporal» a la comunidad autónoma. No obstante, fuentes de la formación nacionalista vasca señalan a Economía Digital que hasta el viernes a última hora desde el Ejecutivo no les habían trasladado nada y apuntaban que quieren «hechos».

Díaz, una de las principales artífices y defensoras de la reforma laboral, programó esta semana un viaje a Cataluña tras su recuperación de la Covid-19 en aras de escenificar un frente común con los sindicatos para tratar de forzar a ERC a sumarse a la reforma. Para ello se reunió con CCOO y UGT, que han lanzado una campaña y han abrazado su estrategia de negociación, y se citó el miércoles por la noche con el ‘conseller’ de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, para intentar recabar el apoyo de ERC a la reforma laboral.

Fuentes conocedoras de los contactos señalan a este medio que entre las contrapartidas de última hora que ofrece Díaz son cambios en reglamentos y leyes futuras, de forma que se mantuviese intacto el texto de la reforma. Así pues, se habla de una posible Ley de negociación colectiva en la que se regulen los distintos ámbitos y el convenio autonómico tenga “mucho peso” en la negociación.

Se ofrece a ERC también desarrollos reglamentarios y elementos de competencias en lo relativo a la Inspección de Trabajo, que ya se encuentra transferida en parte, así como puntos en la actual negociación de la futura Ley de Empleo en lo relativo a políticas activas de empleo, ámbito en el que la Generalitat también tiene transferidas competencias, entre otros elementos que podrían tener recorrido respecto a los intereses en marco catalán de relaciones laborales en el ámbito del Consejo de relaciones laborales, departamento de la Generalitat que preside el consejero Torrent. Se trata de blindar los marcos laborales propios.

Desde Trabajo insisten en que seguirán negociando «hasta el último momento» y apuntan que muchas de las cuestiones ya se venían negociando, como el blindaje jurídico de los acuerdos interprofesionales autonómicos junto a la prevalencia y prioridad aplicativa de los convenios provinciales y autonómicos, tal y como adelantó Economía Digital. Otro de los asuntos que se debate, reclamado tanto por ERC, como EH Bildu, CUP, BNG e incluso PNV, es la recuperación de la autorización administrativa de la autoridad laboral en el control de los despidos colectivos a través de los Expedientes de Regulación de Empleo (EREs), lo que supondría la recuperación de las causas objetivas apuntan desde el Gobierno

Entre otras medidas que quedarían para más adelante se encuentran las posibilidades de descuelgue salarial y la modificación unilateral de la empresa de las condiciones de trabajo por pérdidas y, sobre todo, la recuperación de la indemnización por despido improcedente, elevando la cuantía de los 45 días por año trabajado hasta un tope de 42 mensualidades para los despidos declarados improcedentes. La recuperación de la prioridad aplicativa de los convenios sectoriales sobre los de empresa, más allá de lo circunscrito a los salarios que fija la reforma laboral, sino también en lo relativo a «la función de adecuación y mejora de las condiciones fijadas en los convenios colectivos sectoriales, que constituirán el suelo mínimo de las condiciones en todas las empresas del sector», es otra de las exigencias.