La reforma de la Constitución, más cerca que nunca: el cambio del artículo 49 reúne a la amplia mayoría

Si hay un melón que la política española teme sobre cualquier otro es lo que atañe a la Constitución. La Carta Magna, aprobada hace 45 años, tan sólo ha sido reformada, de manera extremadamente precisa, en dos ocasiones: en 1992 y en 2011. Pero el clamor de que el texto aún recoja, en su artículo 49, una referencia a las personas con discapacidad como disminuidos va a conseguir la cuadratura del círculo: que en el Parlamento más fragmentado de la historia reciente, con un clima muy polarizado, fuerzas tan distintas como el PSOE, el BNG o Vox, pasando por Bildu, Teruel Existe o el Partido Popular, vayan a una.

Según recoge la propia Constitución, son necesarios tres quintos del Congreso -y después del Senado- para aprobar una reforma del texto, por mínima que sea. Eso, traducido a la aritmética parlamentaria, son 210 diputados y 159 senadores. Con los apoyos actuales que ha testado Economía Digital, se superan los 320 síes. Todos los grupos parlamentarios han sido cuestionados a este respecto por este diario.

Tan sólo dos se han mostrado con reservas para mostrar su posición –ERC y Junts per Catalunya-, que no suman más que 17 escaños. Sobresale el PNV, que es el único partido de todo el arco que decide condicionar su sí a la inclusión del «derecho a decidir pactado», ampliando una reforma quirúrgica a la cuestión nacionalista, aro por el que el resto de grupos no está dispuesto a pasar. La CUP es la sola formación que no ha respondido a las preguntas de este diario. Cuentan con dos diputados en el Congreso.

Los noes no suman para un referéndum

El riesgo que no quieren correr ni PSOE ni PP pasa por otra de las herramientas que recoge la propia Constitución, la aprobación por referéndum. Una décima parte de los miembros del Congreso o del Senado puede pedir la celebración de una consulta si se toca cualquier aspecto de la Carta Magna. Eso implica una cifra de 35 parlamentarios en la Cámara Baja y 27 en la Alta, pero, a tenor de lo recabado por este periódico y en el peor de los casos, no se llegaría a ese extremo. Los partidos independentistas catalanes menos PdeCAT más los nacionalistas vascos no suman lo suficiente.

Desde el Ministerio de Presidencia se muestran muy optimistas, tras la ronda de contactos presenciales con el PP y con Unidas Podemos, además de las llamadas telefónicas que han dirigido al resto de grupos excepto Vox, según precisan. Destacan el «amplísimo consenso parlamentario» que existe para modificar el artículo 49 y confían en que este único cambio concite una apoyo unánime «porque realmente es para avanzar en los derechos de las personas con discapacidad».

En base a lo testado por Economía Digital, están a favor PSOE (120 escaños), PP (88, sin Adolfo Suárez), Vox (52), Unidas Podemos (33), Ciudadanos (9), PdeCAT (4), EH Bildu (5), Más País (2), CC-PNC (2), NA+ (2), BNG (1), PRC (1), Foro Asturias (1), Teruel Existe (1) y Compromís (1). Sin mostrar su postura públicamente están ERC (13), Junts (4) y CUP (2). El PNV (6) es quien lo ha condicionado a otros asuntos.

«Es de sentido común»

Las reglas del juego son muy claras para todos: no se va a aceptar ningún tipo de enmienda que no tenga que ver con esta reivindicación de las asociaciones de la discapacidad destinada a eliminar un término anacrónico y que no refleja a la España de hoy. Todo ello, además, se hará conforme las recomendaciones del Consejo de Estado.

Bajo estas premisas sí que parece posible lo imposible: unanimidad en la Cámara. Porque cada uno de los grupos ya decide añadir otras cuestiones de su agenda, ya sea la recuperación del derecho civil valenciano o una reforma integral de la Constitución. Pero, si sólo se trata de sustituir el término «disminuidos» por «personas con discapacidad», sí que hay consenso. Así lo resume el portavoz de una de las formaciones que apuestan por el sí: «Es puro sentido común».