Así planea Casado «rescatar» Cataluña
El programa del PP quiere imponer el castellano como lengua vehicular de la administración catalana y amenaza con un 155 que no concreta
Si Pedro Sánchez trata de ponerle sordina al enredo catalán, Pablo Casado le pone altavoces y, si hace falta, hasta trompetas apocalípticas. Casado ha presentado este lunes en Barcelona y con Cataluña en primerísimo primer plano el programa electoral del PP. O, en palabras de la cabeza de cartel de la lista de los populares por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, «un proyecto moral y político de largo alcance» para afontar lo que ha llamado «el rescate democrático de Cataluña».
El programa se extiende en ese plan desde su mismo arranque, porque le dedica el primero de los 10 apartados en los que divide sus propuestas, titulado Comprometidos con el fortalecimiento de la Nación, y que hace referencia a esa aplicación del 155 que Casado ha estado prometido por activa y por pasiva si consigue gobernar, aunque lo hace de una manera calculadamente ambigua.
«Con el objetivo de recuperar la legalidad constitucional, y para proteger el correcto ejercicio de la autonomía, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 155 de la Constitución aplicaremos, por el tiempo que resulte inexcusable, cuantas medidas sean necesarias», reza el texto.
La batería de medidas incluye una de la que todavía no se había hablado: prohibir que a la hora de jurar o prometer un cargo público, se pueda introducir ningún añadido o variación «que desnaturalice o vacíe de contenido dicho acto de acatamiento». Si el veto afectaría incluso a la habitual coletilla «por imperativo legal» es algo que ni precisa el programa, en el que la medida aparece dos veces por error, ni Casado aclaró tampoco.
El castellano, hegemónico
El PP también pone negro sobre blanco propuestas ad hoc para el caso catalán que había ido anticipando, como la tipificación como delito de la convocatoria de referéndum ilegal, la prohibición de los indultos por los delitos de sedición y rebelión o un endurecimiento de la ley de partidos que incluiría un veto a la financiación pública de partidos independentistas. O, por usar los términos que usa el programa, de formaciones «que atenten contra la unidad y los intereses generales de la Nacion».
Además, el PP propone una ley orgánica para garantizar el uso del castellano como lengua oficial en todas las administraciones, hasta el punto de que «solo tendrán carácter oficial» los actos administrativos que se realicen al menos en esa lengua. Es decir, la Generalitat podría seguir enviando sus circulares o rotulando en catalán, pero solo a condición de que también lo haga en castellano.
Los populares quieren reforzar tanto «la presencia del Estado en todas las comunidades autónomas», lo que comportará un refuerzo de las delegaciones del Gobierno, como las infraestructuras y capacidades operativas de la Policía Nacional y la Guardia Civil en los territorios que ya cuentan con su propia policía autonómica. La primera, Cataluña, claro.
Plan recentralizador
El programa también incluye un plan recentralizador con una moratoria para congelar las transferencias autonómicas pendientes que permita elaborar una «evaluación» de la «eficiencia y equidad» del Estado Autonómico y con una oferta a las comunidades para que puedan devolver competencias al gobierno central si así lo quieren.
Los populares plantean también la eliminación de «organismos superfluos» para evitar duplicidades administrativas, proponen medidas «armonizadoras que aseguren la unidad de mercado» en el conjunto del territorio nacional y, con el ojo puesto en las delegaciones de la Generalitat en el exterior, las conocidas como «embajadas catalanas», advierten que clausurarán todos los organismos que «socaven» la competencia exclusiva del Estado por lo que respecta a las relaciones internacionales.
Una ley de símbolos que incluya un endurecimiento de las sanciones e iniciativas para promover las manifestaciones culturales o deportivas de carácter nacional y promocionar el 12 de octubre como fiesta nacional en los centros escolares completan el contundente menú con el que Casado pretende ejecutar lo que Álvarez de Toledo también calificó de «auténtica devolución de autonomía a los demócratas de Cataluña».
