Razones de la incompetencia de Montoro

En los primeros compases de su actual ministerio, Cristóbal Montoro lanzó una amnistía fiscal, la regularización de las grandes fortunas que ha resultado un fiasco (algo más de 1.500 millones de euros frente a un potencial detectado de 50.000).

Por su aparente audacia, Montoro se parece de lejos a José Borrell, el mítico socialista que fue secretario de Estado de Hacienda en la etapa de Carlos Solchaga, y amnistió a mansalva a base de ofrecer a los evasores la compra de bonos del Estado sin retención, los llamados afros de 1989.

Borrell montó un paraíso público para evitar la fuga de capitales, pero Montoro ha hecho justo lo contrario: levantar la liebre y provocar una estampida de dinero en dirección a Suiza y Jersey.

Razones de la incompetencia

Hay dos razones para ser un mal ministro de Hacienda. Instalar el miedo al recargo y ahuyentar a los inversores. Montoro esgrime las dos. No es capaz de frenar el impulso evasor con medidas compensatorias porque aplica los códigos a rajatabla y utiliza la moral como arma arrojadiza.

Como sus camaradas de las baronías populares, el titular de Hacienda no cree que la política pueda generar por sí misma una cultura, unas reglas justas.

En el camino de un mal ministro de Hacienda están los mojones que definen al peor: los silencios, las medias verdades, los errores de cálculo subsanados con decisiones políticas precipitadas, la cultura del miedo o la manipulación de los agregados macroeconómicos (caso del déficit) para justificar recortes y meter en vereda a las administraciones territoriales que no son afines.

Hundimiento de la clase media

Cristóbal Montoro ya hundió la credibilidad de su partido en los primeros compases de 2011: aplicó la mayor subida de la presión fiscal que ha conocido España, después de una campaña electoral basada en la bajada de impuestos. Esto solo bastaba para inhabilitarle.

¿Qué le mueve: obcecación o tontería? Un poquito de cada cosa. Lleva cuatro años apretando las tuercas de las rentas compradoras, hasta el punto de que él solito se ha cargado a la clase media, y con ella el consumo y la inversión, vectores de la demanda agregada.

Los miembros de la corriente liberal del Partido Popular (PP) le cuelgan el cartel de socialdemócrata, donde debería decir socialista autoritario a la holandesa, estilo Jeroen Dijsselbloem, acreedor leonino, presidente del Eurogrupo y defensor del mercado a machamartillo

Los antecedentes de Montoro

En el primer Aznar de 1996, Montoro ya desempeñó en Hacienda con rango de secretario de Estado junto a su homólogo Luis de Guindos en Economía, y ambos bajo el paraguas de Rodrigo Rato, sinónimo entonces de ortodoxia europea, prestigio en el Ecofin y despegue económico (quién lo diría ¿no?).

Aquel triángulo sustituyó a otro más brillante (1993-96) e igual de eficaz: Pedro Solbes de ministro, Alfredo Pastor (Economía) y Antoni Zabalza (Hacienda). En el segundo gabinete de Aznar, Montoro subió a ministro y todo fue bien en el rail del euro y de la convergencia con la UE; todo menos la burbuja inmobiliaria, cuyo riesgo potencial le pasó por alto.

Antes de su generación abordara los altos cargos, Economía y Hacienda iban dentro del mismo paquete. La prehistoria tuvo dos momentos estelares: Fuentes Quintana en la etapa de UCD y Miguel Boyer (primer gobierno de Felipe González), ambos saldados con planes de estabilización que fueron la base de la prosperidad ulterior.

Convencido de la necesidad de una gran liberalización económica, Boyer supo resistir la oleada estatalizadora que llegaba de la Francia de Mitterrand y se centró en impulsar el crecimiento. Y antes de todo eso, un fogonazo sideral: la introducción del impuesto sobre la renta (IRPF) por parte de Francisco Fernández Ordóñez, Superpaco.

Carga contra Aznar y Aguirre

El actual titular de Hacienda está especializado en persecuciones incompatibles. A José María Aznar le recibió en su despacho mientras la Agencia Tributaria le metía al ex presidente un purito de 70.000 euros; a Esperanza Aguirre le soltó los perros de la publicidad justo «el único año en que gané dinero», dice en su descargo la dama bizarra y capitalina.

A Juan Carlos Monedero lo metió simplemente en aquel limbo tan desagradable: «deberías haber declarado este dinero como renta del trabajo con un marginal del 45%, y no como impuesto de beneficios, gravado al 25%». El ministro no está ni se le espera cada vez que salta una liebre. Como mínimo miente vigilando o tal vez no sabe que filtrar datos tributarios implica pena de cárcel.

Montoro se regocijó metiendo miedo con la lista Falciani (más ruido que nueces) y ahora sale de su cueva cada poco para apostillar la obligación universal de pagar impuestos en medio del festival Mossack Fonseca, aportado por el Consorcio Internacional de Periodistas. Si la presión la ejerce otro, él se limita a unas gotas de moralina.

Conducta surrealista

Su amor por la recaudación le somete a excesos como este: Hacienda lleva a los tribunales al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por no publicar las listas de nombres de los contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal.

Pues bien, teniendo en cuenta que el Consejo de Transparencia es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda, el fenómeno es de traca: Montoro tira piedras en su tejado. Crea un órgano, le transfiere las funciones, las incumple y finalmente agrede a su propia criatura.

Desde que Montoro está al frente de la plataforma tributaria del Estado, hemos conocido las declaraciones de renta de exploradores del delito, como Jordi Pujol, Miguel Blesa o Rato, ex amigo y antiguo jefe, convertido en eje de una arquitectura societaria dedicada al fraude.

Al servicio del partido

A Montoro le señalan por utilizar la intimidación al servicio del centro de gravedad de su partido, ocupado por Soraya Sáenz de Santamaría, Alfonso Alonso, los monclovitas (José Luis Ayllón y Álvaro Nadal, entre otros) y los tres vicesecretarios de Génova, Javier Maroto, Pablo Casado y Andrea Levy.

Pronto le convertirán en bisagra del cambio generacional; será objeto de cambalache, lo que nunca debe ser el cargo de referencia en las cuentas públicas, diría Paul Romer.

El ministro practica la política de gesto, que aprendió de su antiguo profesor Pepe Barea, pero su conocimiento de la Hacienda Pública hace aguas, si tenemos en cuenta sus avances y retrocesos respecto a las comunidades autónomas y al desgobierno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, marco referencial de la circulación de fondos contabilizados en los presupuestos generales del Estado.

Un esquema que no funciona

En cierto que el mal funcionamiento de la Hacienda española aplicada al Estado de las Autonomías no tiene un solo culpable. Pero Montoro es la culminación de una serie de despropósitos; el último eslabón de un esquema que exige a gritos su refundación.

Es experto en presupuestos restrictivos. Fue consultor del ramo en su etapa privada (compartió con su hermano la firma Montoro y Asociados) durante el paréntesis giratorio de los ocho años de José Luis Rodríguez Zapatero.

Como economista y académico, el ministro es de los que aplican sin inmutarse la tijera del gasto o, en su defecto, remontan el ingreso sobre las espaldas ajenas. Siempre, eso sí, con el verso libre del que se carga de razones para decir que los beneficios del presente son la riqueza del mañana. Solo que, en España, el beneficio del presente se desvía a Panamá.