Rastreadores de Covid-19 demandan a la Generalitat por incumplimiento del contrato
Un grupo de antiguos rastreadores demanda al Govern y a Ferrovial por despedirles cuatro meses antes de que acabaran sus contratos
Rastreadores despedidos por la Generalitat abordan a Jordi Cuixart para protestar por su situación laboral en un acto en Barcelona el 29 de enero de 2021 | EFE/QG/Archivo
La adjudicación a Ferrovial de un contrato por 17 millones de euros para labores de rastreo de casos y contactos de Covid-19 sigue acechando a la Generalitat, incluso después de rescindirlo a raíz de las críticas por la ineficiencia del servicio en plena tercera ola de la pandemia.
De hecho, esa decisión, por la que el trabajo de rastreo volvió a asumirlo el Departamento de Salud desde inicios de febrero, ya le ha costado una demanda tanto a la Generalitat como a Ferroser, la filial de Ferrovial que se encargó de ello desde junio del año pasado.
El contrato con Ferrovial acababa el 31 de mayo próximo, pero los cuestionamientos llevaron al departamento de la consejera Alba Vergés a dar marcha atrás el pasado 31 de enero, cuatro meses antes. Y así, cientos de rastreadores se quedaron sin trabajo.
Algunos de esos antiguos rastreadores han demandado al Ejecutivo catalán y a la empresa privada por entender que se han incumplido sus contratos con al no asumir la Generalitat la subrogación de sus puestos de trabajo. En total, trabajaban 849 rastreadores, de las que en torno a 200 sí han sido ‘recuperados’ por Salud.
Un despido colectivo improcedente
De los más de 600 puestos de trabajo restantes que el Govern no ha asumido, un grupo de siete ha presentado la denuncia judicial, con el asesoramiento del sindicato IAC-CATAC y el bufete Col·lectiu Ronda. Su argumento es que la Generalitat ha incurrido en diversos incumplimientos de tipo de laboral al ejecutar la finalización anticipada del contrato con Ferroser.
«Existe una jurisprudencia sólidamente establecida tanto por parte de los tribunales nacionales como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que especifica la obligatoriedad de seguir el procedimiento propio de los despidos colectivos cuando la causa de las extinciones contractuales es, como sucede en este caso, la resolución anticipada de un contrato».
La anterior cita es del abogado Natxo Parra, responsable de la demanda contra los despidos, que tiene como objetivo la subrogación de los contratos de estos rastreadores por parte de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, la encargada de esta labor desde el pasado 1 de febrero.
Otra queja de estos exrastreadores es que la bolsa de trabajo que creó el Departamento de Salud, anunciada el 15 de enero pasado, en realidad ya se había abierto en octubre de 2020, y ellos no han tenido ninguna prioridad a la hora de acceder a las plazas ofertadas.
El eterno problema de los rastreadores
La consejera de Salud, Alba Vergés, anunció a finales de diciembre la rescisión del contrato con Ferroser. A mediados de enero, el CatSalut fichó a Max Llobet, quien fuese responsable de los rastreadores de Ferrovial hasta que dimitió en diciembre. La CUP criticó duramente por esto al Govern, pues se trata del «responsable de un trabajo mal hecho».
A finales de enero el sindicato IAC-CATAC denunció el despido de 849 rastreadores vinculados a Ferrovial, criticando que sí se contrate al antiguo gestor pero que se prescinda del personal. «¿Quién está haciendo el rastreo ahora, en plena tercera ola, si quien lo hacía está en la calle?», se preguntó entonces la central.
Ese sindicato organizó varias manifestaciones para exigir a Salud una solución al problema y aprovechó un acto del presidente de Òmnium y preso del procés, Jordi Cuixart, para abordarle con sus reivindicaciones.
