Rajoy se resiste a frenar el voto delegado de Puigdemont y Comín
Ciudadanos presiona a Mariano Rajoy para que concrete un recurso contra el voto a distancia de Puigdemont y Comín, pero el Gobierno se sitúa en fase de estudio
El visto bueno de la mesa del Parlament a que el ex conseller Toni Comín pueda delegar su voto en los plenos de la cámara catalana ha colocado al gobierno de Mariano Rajoy en una encrucijada. Rajoy ha dicho que el ejecutivo estudidará «acciones legales», pero hasta ahora no ha actuado para impedir el del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Y el caso es que los votos de ambos son clave para que Junts per Catalunya (JpC) y ERC puedan investir presidente a cualquier candidato sin cargas judiciales en segunda vuelta, se constituya un gobierno efectivo en Catalunya y se eviten así unas nuevas elecciones que el ejecutivo de Rajoy también preferiría que se evitaran.
La maniobra de Esquerra de activar finalmente el voto delegado para forzar a JpC a pasar página cuanto antes al nuevo e inviable intento de investir a Puigdemont y apostar de una vez por una opción realista sería, desde ese punto de vista, una buena noticia para Rajoy. Si no fuera, claro está, por Cs, que empezó siendo una piedra en el zapato de los independentistas y que ahora, erigido ya en primera fuerza en Cataluña, le está comiendo terreno al PP a marchas forzadas y amenaza en las encuestas con arrasarlo también en las próximas elecciones generales.
Arrimadas ha reclamado otra vez que el gobierno actúe, como ya hizo cuando hace tres semanas se autorizó el voto de Puigdemont
Cs y PP, condenados a entenderse pero conscientes de que pescan en el mismo caladero de votos, llevan meses sin perdonarse ni una en el debate en torno al proceso independentista, y los de Albert Rivera han encontrado en la afición al inmovilismo de Rajoy un filón que no cesan de explotar.
Es lo que ya están haciendo con el asunto de los votos delegados. Este jueves, nada más saberse que la mesa del Parlament ha aceptado el de Comín, la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha reclamado otra vez que el gobierno actúe, como ya hizo cuando hace tres semanas se autorizó el de Puigdemont, que el ejecutivo a fecha de hoy aún no ha impugnado.
Suspensión automática
Cs ha pedido que se reconsidere la decisión de la mesa, como ya hizo sin éxito en el caso del voto a distancia del ex president, porque entiende, en palabras de Arrimadas, que “no pueden delegar su voto dos huidos de la Justicia que se saltaron las leyes”, y que vulnera la resolución con la que el Tribunal Constitucional fijó las medidas cautelares ante el primer intento de investir a Puigdemont, una de las cuales fijaba que los diputados «sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prision no podrán delegar el voto»
Tras agotar ese intento de reconsideración, que está previsto resolver hoy y que con toda probabilidad también resultara fútil, dada la mayoría independentista en la mesa, fuentes de la Cs advierten que solo podrían plantear un recurso de amparo que podría tardar “meses” en ser atendido. En cambio, recuerdan que, si el ejecutivo de Rajoy recurriera la decisión al Tribunal Constitucional, la suspensión cautelar de los votos delegados hasta que el TC se pronunciara, sería automática.
Ese escenario precipitaría la legislatura hacia el abismo de las nuevas elecciones que Rajoy preferiría evitar
El problema es que esa paralización anularía la posibilidad de que pudiera ser investido ningún candidato, porque sin los votos de la CUP –que ha advertido que solo votaría a favor de Puigdemont, y se abstendría con cualquier otro presidenciable de los postconvergentes– ni los del ex president y de Comín, JpC y ERC solo contarían con 64 votos, insuficientes para la investidura. Y el 22 de mayo, esa imposibilidad de nombrar un presidente precipitaría la legislatura hacia el abismo de las nuevas elecciones que Rajoy preferiría evitar.
Este miércoles, al ser preguntado por la pelota que le ha dejado en el tejado Cs, el presidente se ha limitado a apuntar que el gobierno estudiará la posibilidad de emprender “acciones legales” a raíz de la autorización de la mesa a la delegación de voto de Comín.