Rajoy retrasa la nacionalidad española a 200.000 inmigrantes mientras privatiza el Registro Civil

Desde diciembre de 2013 los inmigrantes que cumplen los requisitos legales sufren la paralización colectiva de los trámites para obtener la nacionalidad española. Son unos 200.000, según denuncian los trabajadores y sindicatos del Registro Civil sometidos a una reforma que prevé un cambio profundo en las oficinas públicas que tramitan las nacionalidades, nacimientos, bodas y defunciones, entre otra información civil relevante.

Sólo la ciudad de Barcelona tiene 15.000 expedientes en la sede del registro central de Madrid, donde los expedientes se apilan en espera de la digitalización, según los datos aportados por trabajadores del Registro Civil a este diario. El registro de ese municipio catalán está asignando citas para nacionalidad para 2017. Sevilla ciudad acumula casi 4.000, una cifra similar a la de Gran Canaria. Albacete cuenta con 2.300, Málaga con 2.150, Córdoba 3.000 y León, 900, según los datos obtenidos por este diario de cada una de las oficinas del registro. 

El hermano registrador

El Gobierno de Mariano Rajoy prepara una reforma del Registro Civil que fue dibujada durante la gestión de Alberto Ruiz Gallardón frente al ministerio de Justicia. Pero la autoría de la reforma se la atribuyen al hermano del propio presidente de Gobierno, Enrique Rajoy, titular del Registro de la Propiedad de Cáceres y asesor de la Dirección General de Registros y Notariado, según coinciden conocedores del sector.

La reforma impulsada por el Gobierno tiene previsto retirar a partir de julio a todos los funcionarios de justicia del Registro Civil. Los sustituirán los registradores mercantiles y de la propiedad, un gremio al que pertenece el propio presidente del Gobierno. Los registradores, trabajadores que han ganado plazas por oposiciones pero que cobran en función de aranceles, se quedarán con el negocio del registro de nacimientos, matrimonios, fallecimientos y tramitación de nacionalidad, entre otros.

¿Cobros a la vista?

«Será un negocio que quedará en manos de unos poco. Nos llama la atención que estén detenidas todos los procesos de digitalización de los expedientes de nacionalidad. Casualmente en julio está prevista que entre la reforma. A los sefardíes les cobraron 75 euros por la nacionalidad. ¿Será que están retrasando el proceso para que los nuevos registradores comiencen a cobrar?», se pregunta Victoria Carreño, portavoz de UGT-Justicia.

Las suspicacias han sido desmentidas por el ministerio dirigido por Rafael Catalá. Sus portavoces han asegurado este diario que el ministerio no pretende cobrar por los trámites a los ciudadanos. «Seguirán siendo gratuitos, como hasta ahora», explican desde el ministerio.

Adjudicación sin concurso

Pero los jueces, trabajadores y hasta algunos registradores contrarios a la reforma dudan de la gratuidad del servicio, tal como se ha ejecutado hasta ahora. Denuncian que se creará un negocio a medida de los grupos cercanos, tal como sucedió con la contratación de la empresa asturiana Futurver, que cobró más de cinco millones de euros por un sistema informático para gestionar el registro en 2012, doce veces más que su valor de mercado, según una auditoría posterior. El asesor de Gallardón que recomendó el uso del software, Javier Angulo, es socio de una filial en Rumanía de la propia empresa Futuver. Es decir, terminó recomendando a su propia empresa, según publicó 20 Minutos.

El diputado de Izquierda Unida, Gazpar Llamazares, aseguró en septiembre pasado que «hay connivencia del hermano del presidente del Gobierno, Enrique Rajoy, con los dueños de Futuver». El Colegio de Registradores de la Propiedad denunció ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores el contrato adjudicado por considerarlo opaco y sin publicidad. 

La privatización del registro, previsto para julio, ya comienza a causar desconcierto en las sedes. En Palma de Mallorca han anunciado que quedarán suspendidas las citas de nacionalidad previstas para después de julio. Lo mismo ha sucedido con las bodas en Vigo.