Rajoy premiará con más déficit a las autonomías que devuelvan competencias al Estado

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (PP), y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro (PP), detallan este viernes el plan para reformar las administraciones públicas. El gobierno español propone a las autonomías la supresión de todos los defensores del pueblo, agencias de consumo y tribunales de cuenta. A cambio tendrán mayor flexibilidad de déficit.

El Consejo de Ministros aprobará el calendario de aplicación de las medidas y el coste estimado. El gasto que implica mantener los defensores del pueblo autonómicos es una de las cifras que revelará el Ejecutivo, que aboga por su eliminación porque existe esa institución a nivel nacional, presidida en este momento por la ex ministra Soledad Becerril (PP).

Comunidades sin defensor

Fuentes del Ejecutivo han admitido que hay comunidades en las que el defensor del pueblo autonómico, como ocurre en Catalunya, con el Sindic de Greuges, tiene un «valor político mayor». Han subrayado que serán las comunidades autónomas las que deberán decidir si quieren aplicar o no las sugerencias y recomendaciones que recoge el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).

Eso sí, el Ejecutivo ha recordado que Murcia y Castilla-La Mancha suprimieron esas figuras sin que ello perjudicara a los ciudadanos de esas autonomías.

«Las comunidades pueden ganar en eficiencia ejerciendo sus facultades de auto organización, que les permiten tomar decisiones de reducción o eliminación de dependencias y órganos administrativos», señala el Gobierno en un breve resumen del informe de la CORA adelantado a los medios de comunicación, en el que también se alude a la posibilidad de reducir el tamaño de las asambleas legislativas.

Colaboración con el Estado

Fuentes de Moncloa han recalcado que la filosofía de la CORA –que estará sobre la mesa en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de julio– no es la «desconfianza» sino la colaboración y la cooperación conjunta en beneficio de los ciudadanos y de las empresas. Así, según estas fuentes, este informe lo que se ofrece es una «guía» para avanzar en el camino de la eficacia y el ahorro.

En el mismo capítulo de racionalización del sector público, el Gobierno plantea a las comunidades que por parte de órganos estatales se asuman funciones realizadas por órganos autonómicos, un ofrecimiento que hace tras haber analizado «el coste que determinados servicios o actividades implican para la Administración autonómica y estudiar la posibilidad de que aquellos sean prestados por un órgano estatal con igual o mejor calidad».

Otros ‘recortes’

Éste es el caso de las competencias atribuidas a los Tribunales de Cuentas, Agencias de Protección de Datos, Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, agencias de evaluación del ámbito universitario, agencias autonómicas de la energía, agencias de meteorología, órganos de inspección de aeropuertos, institutos de opinión, institutos o servicios cartográficos y órganos de defensa de la competencia, entre otros.

También se incluyen otras medidas que abogan por la «compartición de medios» entre las distintas Administraciones, que van desde las oficinas en el exterior hasta la conservación de carreteras, las plataformas de formación de empleados públicos o de gestión de centros educativos.

Control de Madrid

La creación de cualquier nuevo organismo o entidad pública deberá ir acompañada, a partir de ahora, de una justificación estricta de las razones que lo motivan, en la que se valore la existencia de posibles duplicidades, y los medios humanos, materiales y financieros de que va a disponer para desempeñar su función, lo que será «evaluado periódicamente», de modo que, en caso de no subsistir las razones o los recursos que fundamentaron la constitución de la entidad, se procederá a su extinción.