Mariano Rajoy da 24 horas a Carles Puigdemont

El Gobierno de Mariano Rajoy sigue adelante en su intención de impedir el referéndum del 1 de octubre. El ministerio de Hacienda le ha dado a la Intervención General de la Generalitat un nuevo plazo de 24 horas para que explique el desvío de 6.150 euros en una partida del presupuesto, con la sospecha de que pueda servir para un fondo con el que se organice el referéndum. Es la condición del Ejecutivo de Rajoy antes de ejecutar un plan para controlar todas las finanzas de la Generalitat.

El plazo, de hecho, para presentar el requerimiento exigido el pasado martes, finalizaba este lunes. Con discrepancias sobre esa circunstancia –el Govern asegura que sí lo ha contestado– Hacienda ha determinado una prórroga de 24 horas.

El gobierno catalán, que no ha querido darle más trascendencia al asunto, aseguraba este lunes, a través del secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, que ese dinero se utilizó para la renovación de un software que ya tenía la Generalitat. Pero tampoco quiso concretar nada más.

Lo que señala la propia interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, es que el gasto, en realidad, “no tiene nada que ver con el referéndum”, y que obedece a un programa electrónico relacionado con procesos electorales, del que tiene el encargo el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI). Es decir, que podría entrar en todo lo relacionado con la consulta, en función de quien lo interprete.

Hacienda quiere saber ya en qué gastó la Generalitat 6.150 euros no justificados

La cuestión es que el Gobierno ha puesto la quinta marcha para controlar económicamente al ejecutivo de Puigdemont, aún a riesgo de caer en contradicciones. Uno de los límites que se fijó el propio Mariano Rajoy, desde el inicio del proceso soberanista, es que en ningún momento se pondría en peligro el suministro de servicios al conjunto de los catalanes.

Pero la medida de control de Hacienda se vincula al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con la posibilidad de obstaculizar ese flujo si se detacta cualquier gasto encaminado a la organización del 1-0. “La resistencia o la negativa a suministar la información solicitada será objeto igualmente de traslado a las autoridades competentes a los efectos de reclamar las responsabilidades que correspondan”, se asegura en el requerimiento.

Puigdemont sostiene que sólo el Parlament le podrá suspender, despreciando el TC

El problema es que, en realidad, es el Gobierno catalán el que está tratando por todos los medios de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy entre al trapo. Con afirmaciones rotundas, y sin que las medidas que anuncia Moncloa se tengan en cuenta, el propio Puigdemont busca alguna acción drástica. Ello explica que en una entrevista en el diario francés Le Figaro, el presidente catalán asegurara este lunes que si el Tribunal Constitucional le inhabilita no lo aceptará. “No existe un poder lo bastante fuerte como para cerrar el gran colegio electoral que será Cataluña el 1 de octubre”, añadió.

Esa posición supone, en realidad, un problema serio para Rajoy, que, hasta ahora, ha querido reaccionar siempre “de forma proporcional”. El Gobierno insiste en controlar de cerca los pasos de la Generalitat, pero se acerca la hora de la verdad. “Si el Tribunal Constitucional me inhabilita, como puede hacer, no lo aceptaré. Sólo el Parlamento me puede suspender. Una inmensa mayoría del pueblo catalán quiere votar. Suspendiéndome o expulsándome de mi despacho, Madrid no va a anular esta voluntad”, insistió Puigdemont.

Si Rajoy quiere parar el referéndum, deberá demostrarlo, según Puigdemont

La estrategia de la Generalitat ha cambiado por completo desde hace unas semanas. Con nuevos consejeros, tras el cese de los “tibios”, ahora se trata de seguir adelante, sin tener muy claro cómo se puede organizar el referéndum, pero con la determinación de que deberá ser el Gobierno central quien lo pare. Es decir, Puigdemont echará en las próximas semanas, al margen del breve parón en la primera mitad de agosto, un capote a Rajoy.

Si el Gobierno español desea parar realmente el referéndum, deberá demostrarlo, según el argumentario del soberanismo. Y eso implica que Rajoy deberá entrar en el asunto con todas las consecuencias.

Por ahora, lo que ha decidido Moncloa, a través del ministerio de Hacienda, es controlar hasta el último euro. Por ahora, con la exigencia de una respuesta en 24 horas.