Rajoy inicia la impugnación de la consulta del 9N

¿Quién quería una nueva suspensión? ¿El Gobierno catalán, o el Gobierno español? El Ejecutivo que preside Mariano Rajoy ha iniciado los trámites para impugnar, de nuevo, la consulta del 9 de noviembre, al entender que se trataría de un referéndum encubierto.

Desde el pasado jueves, la actitud del Ejecutivo central es otra. Si bien prefirió ignorar el “proceso participativo”, en los primeros días, tras las declaraciones de diversos dirigentes nacionalistas, y de los actos que iban organizando, el Gobierno cree que “no puede hacer otra cosa” que impugnarlo.

Consejo de ministros el viernes

Para ello, Rajoy ha pedido al Consejo de Estado “el informe preceptivo” previo a la impugnación ante el Tribunal Constitucional “del conjunto de actuaciones que ha puesto en marcha la Generalitat de Cataluña para la celebración el 9 de noviembre de una consulta bajo la denominación de ‘porceso de participación ciudadana’”.

Rajoy lo ha pedido con carácter de urgencia, para que este viernes, en el Consejo de Ministros, se pueda autorizar el acuerdo de impugnación.

Ahora bien, ¿existen los elementos de impugnación? El Gobierno español admite que no lo tiene claro. Pero considera que se han producido algunas actuaciones que esclarecen la situación. Una de ellas es el vídeo emitido en TV3 en el que se asegura que el 9N se podrá votar.

Centros escolares y funcionarios

Otra es las cartas del departamento de Governació a los ayuntamientos en las que pide la cesión de locales. También genera dudas el censo, aunque el Gobierno catalán haya descartado utilizar cualquier censo, y se constituya, el propio 9N, un registro de votantes, voluntario, previo a la entrega de la papeleta en las urnas.

Este mismo lunes, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, había asegurado, horas antes de que el Ministerio de Presidencia informara de esa tramitación previa a la impugnación, que se estudiaba si se podían inpugnar “las instrucciones que se emiten a los centros escolares y a los funcionarios”.

Pero las declaraciones públicas también influyen. El coordinador general de Convergència, Josep Rull, por ejemplo, se ha referido en los últimos días al hecho de que el llamado proceso participativo es “casi como un referéndum”, animando a la máxima participación.

Rajoy no quiere un golpe a la autoridad

Los partidos han distribuido papeletas, e, incluso, las propias fuerzas soberanistas podrían ejercer una labor de buzoneo. “En personas que no saben muy bien cómo se desarrolla el proceso soberanista todo eso les crea confusión”, se asegura desde el entorno del Gobierno.

El problema es, principalmente, político. El Govern de Artur Mas, ¿sale reforzado de esa nueva impugnación? Para Rajoy, ante un ciclo electoral inminente, el “proceso de participación”, en función de su éxito, podría ser un nuevo golpe a su autoridad. Para Artur Mas será la prueba de que, por lo menos, él lo intentó de todas las formas posibles.