Rajoy deja a Mas amarrado al fondo de rescate

El Gobierno español necesita cuadrar el presupuesto de 2014, y cumplir con los objetivos fijados por la Comisión Europea. El discurso de la austeridad sigue presente, pero el Ejecutivo español sigue teniendo un margen discrecional a la hora de determinar las inversiones públicas, y no duda en utilizarlo respecto a Catalunya, con cuyo gobierno mantiene un pulso político de envergadura por la consulta soberanista.

Este lunes el presidente del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, en su viaje a Kazajistán, ha reclamado al President Artur Mas que sea “razonable” y tenga un gesto de “grandeza” y piense mucho los próximos pasos que pueda recorrer en su proyecto soberanista.

Y, casi al mismo tiempo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro explicaba los presupuestos de 2014 que, en el caso de Catalunya, supondrán un 25% menos de inversión pública. ¿Un castigo, o un acto de responsabilidad ante la exigencia comunitaria de seguir recortando el gasto público?

El 40% del FLA

Montoro lo quiso dejar claro. Para el ministro, Catalunya tendrá todo lo que necesite, pero no a través de esas inversiones públicas, sino a través del Fondo de Liquidez Autonómica, el llamado FLA, o fondo de rescate del Gobierno central para las autonomías.

“Catalunya recibirá inversiones para sus proyectos prioritarios, como son el desdoblamiento de la N-2 en Girona, y el acceso ferroviario al Puerto de Barcelona, que son proyectos vitales para que Catalunya sea uno de los grandes motores de la recuperación económica”.

Sin embargo, según Montoro, “Catalunya recibe el trato que le corresponde, que es a través del FLA y otros mecanismos, como el MEDE –el fondo de rescate europeo– que en el caso de España se ha utilizado para rescatar entidades financieras”, entre ellas CatalunyaCaixa. Y es que, a través del fondo de rescate autonómico, Catalunya ha solicitado 9.398 millones para este año, lo que supone más del 40% de todos los recursos que el Gobierno puso a disposición de todas las autonomias.

«Grandeza» para poder votar

Mas replicaba a Rajoy desde Bruselas, –donde se ha reunido con el comisario de economía, Olli Rehn, pero no con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durâo Barroso– reclamándole que fuera él quien tuviera grandeza de miras y permita la consulta soberanista.

Ese pulso político se traduce, según CiU, en un “castigo” en las inversiones. La realidad es que, aunque el Gobierno se refugia en las necesidades del Estado, y en la exigencia de marcar prioridades, Catalunya se ha quedado con unas inversiones para 2014 por valor de 944,42 millones de euros, lo que representa un 9,6% del total. Y ha quedado por detrás de Andalucía, con 1.697,74 millones y el 17,3% del total; o de Castilla y León, con el 14,3% del total, o de Galicia, con el 13,8%.

¿Existe la disposición tercera del Estatut?

Una de las críticas constantes en los últimos años de CiU es que el Gobierno central no ha respetado la disposición adicional tercera del Estatut, que obliga a invertir en Catalunya el porcentaje que representa la comunidad en el conjunto de la economia española, cerca del 19%. Pero ahora han ocurrido dos cosas. La primera es que esa disposición estaba condicionada en el tiempo, durante siete años, y está vigente desde 2007, por lo que finalizará en 2014 (sobre el papel se debería alargar porque en el acuerdo político posterior se fijó que las cantidades que no sumaran ese porcentaje se añadían en ejercicios posteriores y eso permitiría unos dos años más de aplicación).

Pero la otra razón, que CiU, ERC e incluso el PSC no mencionan es que la sentencia del Constitucional invalidó ese precepto. Tras la sentencia, el hoy presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, Carles Viver Pi-Sunyer, ex miembro del TC, constataba que esa disposición, como una buena parte del capítulo financiero del Estatut, quedaba sin efecto.

“Su contenido no vincula al legislador estatal, se trataría de meros compromisos políticos y parece que, según la sentencia, el Estatut no es fruto de un pacto entre el Estado y la Generalitat sino una norma autonómica que unilateralmente pretende imponer obligaciones al Estado”, aseguró.

El Gobierno central se agarró a esa interpretación, y Montoro cree que no tiene por qué respetar esa disposición adicional.

¿Provocará más tensión esa restricción presupuestaria?

“No es casual”, aseguraron al conocer las cifras Josep Sánchez Llibre y Pere Macias, los dos diputados de CiU que lideran el grupo nacionalista en el Congreso.

El pulso político hace mella. Pero el Gobierno central está dispuesto a mantenerlo. Esa actitud, según Esquerra Republicana, invalida “cualquier posibilidad de oferta desde Madrid”, según el portavoz de ERC en el Congreso, Alfred Bosch.

Sin embargo, el propio Sánchez Llibre, Josep Antoni Duran Lleida, y algunos estrechos colaboradores de Mas intentan acercar posiciones y encontra una salida política. Y es que el Gobierno central ejerce todo su poder.