Quim Torra sigue los pasos de Puigdemont para evadir la justicia
El president de la Generalitat, Quim Torra, se plantea no acudir al juicio por los lazos amarillos porque coincide con el debate de política general
El president de la Generalitat, Quim Torra, tiene una cita pendiente con la justicia por no haber retirado la pancarta con los lazos amarillos del palacio de la Generalitat. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha elegido las fechas del 25 y 26 de septiembre para la celebración del juicio, coincidiendo con el debate de política general en el Parlament de Cataluña, y Torra pretende darle esquinazo.
Según una información del diario ARA, el jefe del ejecutivo catalán se plantea no acudir al juicio si el alto tribunal catalán no revisa de oficio su decisión –un movimiento que imita los pasos de Carles Puigdemont, procesado en rebeldía por el Tribunal Supremo–.
Las mismas fuentes indican que en ser preguntado por si pediría al tribunal un cambio de fechas para el juicio, Torra se mostró tajante: «No pediré nada a nadie, ni al TSJC ni al Parlament». Además, Torra presionó al tribunal añadiendo: «Lo debe decidir el TSJC, que es quien crea la polémica. Ellos sabrán si creen en la separación de poderes y si creen que deben menospreciar al Parlament».
El presidente del ejecutivo catalán está acusado de desobediencia, motivo por el cual la fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación además del pago de una multa de 30.000 euros.
Torra incluso ha dado un paso más y ha denunciado «parcialidad» por parte del tribunal, anunciando incluso que presentaría recusaciones contra los miembros que componen la sala.
De hecho, cuando el TSJC notificó la fecha del juicio, Torra ya anunció acciones legales por «irregularidades» alegando que la sesión del debate de política general se había fijado «con fecha previa a la interlocutoria de admisión y denegación de pruebas», que considera que es contrario a la ley de enjuiciamiento criminal.
Torra presiona al TSJC
El TSJC tiene ahora en sus manos la decisión de decidir si se decanta por las peticiones del ejecutivo catalán y cambia la fecha o si, por el contrario, sigue las indicaciones del ministerio fiscal. Lo hará en los próximos días, pese a que la fiscalía insiste que el jefe del ejecutivo catalán «no puede tener privilegios».
La Fiscalía rechazó el viernes de forma tajante la petición de Quim Torra de retrasar el juicio que debe afrontar por un delito de desobediencia. El ministerio público criticó que la defensa de Torra ni siquiera hubiera planteado una fecha alternativa y pidió que se mantenga el calendario fijado.
Fuentes jurídicas apuntan que si Torra no acude al juicio la sesión se podría celebrar de todos modos porque la ley de enjuiciamiento criminal prevé excepciones si existe una ausencia justificada de un acusado cuando la pena solicitada no supera los dos años de privación de libertad.
