Quim Torra estrena su silla vacía con un reparto de salarios

Quim Torra percibía hasta este lunes unos 153.000 euros anuales como presidente de la Generalitat. Ya no. Inhabilitado para el cargo por desobediencia —»represaliado», según denuncia— Torra pasará a cobrar 122.000 euros anuales (es decir, el 80% de la nómina), que es la cantidad que reserva el estatuto de los expresidents a los que han sido Molt Honorables durante al menos una legislatura. Es, quizá, el ejemplo más gráfico de la Cataluña repreasalariada, pero no el único.

Inhabilitado Torra, podría pensarse que con él caería todo el personal eventual que cuelga de la presidencia de la Generalitat. Pero no. El gobierno catalán ya ha activado una operación para recolocar a los cargos de su confianza en otros departamentos, así que quien hasta ahora era, por ejemplo, coordinador de la oficina del president ha pasado de la noche a la mañana a ser jefe del gabinete de la conselleria de Presidencia, el departamento que dirige Meritxell Budó (JxCat), llamada a ser el gran contrapeso del presidente en funciones, Pere Aragonès (ERC).

Los nombramientos de cargos y personal son continuos en la Generalitat desde que se reanudó el curso político en septiembre. Se suceden sin descanso nuevos jefes de oficina de protocolo (66.000 euros), nuevos asesores en comunicación (60.000 euros), directores generales de todo tipo (87.000 euros) y responsables de prensa, puesto que el equipo del president sabía de sobras que la inhabilitación era inevitable y que no había tiempo que perder, particularmente en los espacios de poder que controlan los afines a Quim Torra y a Carles Puigdemont.  

La conclusión es que los expresidentes no solo conservan despachos vacíos en el Palau de la Generalitat, sino también una implacable ascendencia destinada, entre otras cosas, a que nadie de su cuerda pierda el cargo de confianza.

Budó no descarta a Torra para la mesa de diálogo

Debutó este martes el gobierno catalán en funciones con la silla vacía de Torra en su primera reunión sin dar cuenta de ninguno de los nombramientos que lleva a cabo el descabezado ejecutivo. Sí que comenzó a debatir, en cambio, qué papel puede jugar el inhabilitado en adelante. 

Una de las opciones que estudian los estrategas de JxCat es llevar a Torra a la mesa de diálogo que el gobierno de Pedro Sánchez ofrece desde el verano. Al fin y al cabo, el Govern ya hizo una extraña pirueta cuando alineó en su equipo negociador a dos miembros extragubernamentales (Josep Rius, que fue jefe de gabinete de Puigdemont; y Elsa Artadi, mano derecha del líder huido). ¿Por qué no llevar a Torra?

El inhabilitado, desde luego, tiene cuerpo de escena pública. Ha adquirido el barniz del represaliado —uno de los más preciados en el independentismo— y tiene de su lado a la mayoría soberanista del Parlament para jalear su inmortalidad política. Acudió Torra a un pleno específico de palabras gruesas sobre su destitución y el expresident dijo de todo; habló de «golpe de Estado» y prometió a la justicia española su merecido en instancias europeas.

Torra fuerza una resolución contra el Supremo

«Ni abandono, ni me resigno, ni acepto esta destitución. Y será Europa quien juzgará ahora al Estado español», dijo Torra, aplaudido de aquella manera por diputados independentistas de ERC, que tratan de mantener las formas con el inhabilitado, y ovacionado por los de Junts per Catalunya, que intentan acelerar como sea lo que llaman «confrontación inteligente».

Logró arrastrar JxCat a ERC a la aprobación de una provocadora resolución parlamentaria que reafirma su «confianza» en Quim Torra como president y que no reconoce como «legítima» la sentencia que lo inhabilita.

Pasó el primer trago el vicepresidente de la Generalitat, ahora sustituto del inhabilitado, diciendo que en Cataluña «no hay presidente». Evitó decir que ahora hay una silla vacía y prefirió concentrarse en prometer a los catalanes que el gobierno en funciones va a volcarse contra la pandemia.

Si el Govern hace caso a la resolución parlamentaria, su acción no podrá centrarse «exclusivamente en gestionar la inhabilitación como un mero trámite administrativo», puesto que debe insistir en la búsqueda de «un acuerdo nacional para la autodeterminación, la amnistía, las libertades y los derechos civiles y sociales».

Todo ello ocurrió en vísperas del tercer aniversario del 1 de octubre, aquella jornada que acabó sirviendo para inaugurar la retórica de la represión y que nadie ha practicado con mayor eficacia que los expresidentes, uno (Puigdemont) condenado a 105.000 euros anuales como eurodiputado y otro (Torra) a 122.000.