Quim Torra abre un frente judicial contra la policía nacional
El president denuncia a la policía nacional por las detenciones en Girona y se compromete a elaborar un "mapa de la represión" para satisfacer a la CUP
A falta de actividad gubernamental, la Generalitat sigue girando en torno al llamado eje «antirepresivo» de la estrategia independentista. Se ha evidenciado otra vez en la sesión de control del Parlament al presidente catalán, en la cual Quim Torra ha anunciado que este mismo martes el gobierno catalán presentará una denuncia contra la policía nacional por la operación de la semana pasada, relacionada con las protestas y el corte de la vía del AVE en Girona y que se saldó con 16 detenidos, incluidos dos alcaldes de la CUP y un sobrino del propio Torra.
Torra calificó el operativo de «razzia desencadenada» por no existir una investigación judicial abierta e interpretó que, por tanto, las detenciones eran «ilegales». El planteamiento enlaza con las afirmaciones difundidas el dia del despliegue por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que alegó que las detenciones se habían efectuado por iniciativa propia de la policía, sin que mediara orden judicial.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró después, en cambio, que la policía actuó en base a una causa judicial abierta y que la operación estuvo supervisada en todo momento por un juez y un fiscal.
«Mapa de la represión»
El presidente catalán pidió también la dimisión de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. Torra insistió en que espera que Cunillera, cuya comparecencia ya solicitó Junts per Catalunya (JpC) dé explicaciones en sede parlamentaria, porque si conocía el operativo, dijo, «debería haber dimitido, y si no lo conocía, debería haber dimitido» igualmente.
En la misma línea, Torra se comprometió, a petición de la CUP, a elaborar un «mapa de la represión» contra el independentismo en Cataluña, e insistió en su promesa de que la Generalitat se personará como acusación particular en todos los casos en los que considere que el Estado ha vulnerado «derechos civiles y políticos» de ciudadanos catalanes.
Además, siempre insistiendo en la apuesta «antirepresiva», y a instancias de ERC, que le pidió unidad soberanista, el presidente abogó por construir «un gran consenso» de cara al juicio del 1-O que está previsto que arranque a principios de febrero y que durante tres meses será el eje sobre el que pivotará la política catalana y la actividad de la Generalitat.
Choque con Catalunya en Comú
Los compromisos arrancados al president en la sesión de control no pasaron de ahí. De hecho, sobre el asunto más urgente que tiene sobre la mesa, los presupuestos, tampoco hubo noticias, más allá del pique que Torra mantuvo con la líder parlamentaria de Catalunya en Comú Podem (CECP), Jéssica Albiach, pese a que los comunes son los únicos con los que el Govern cuenta a estas alturas para poder aprobar las cuentas.
Albiach le afeó las discrepacias entres los socios que integran el gobierno catalán (JpC y ERC) y remarcó que «un gobierno que no gobierna no sirve». Torra le replicó recordándole los conflictos del universo de Podemos en Madrid y las 10 reuniones que ya han mantenido para negociar la propuesta presupuestaria, que insistió en que es «la más social que ha hecho nunca la Generalitat».
Salvo la primera, las reuniones mantenidas hasta ahora han sido sectoriales. El martes, la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, apuntó que el ejecutivo cuenta con celebrar un nuevo encuentro con los comunes sobre el conjunto de los presupuestos la semana que viene.
