¿Quién quiere ahora Aigües Ter Llobregat?
La nueva mesa de contratación puede diseñar una nueva licitación sin dinamitar el déficit público y minimizar las responsabilidades políticas del fracaso de la primera adjudicación
El futuro de Aigües Ter Llobregat (ATLL) está en el aire. La guerra del agua ha desatado una batalla en casi todos los campos posibles en una licitación pública. Existen peleas internas en el Govern de Artur Mas; la primera adjudicataria, Acciona, presiona y amenaza a la Generalitat para que no anule el contrato; y Agbar, su rival en el concurso, hace lo propio para que se cumpla con las resoluciones judiciales tras dos años de acumular sentencias a su favor.
En medio de este escenario, el consejero de Territori, Santi Vila, ha creado otra mesa de contratación y ha señalado su predilección (no la de todos los miembros del Ejecutivo) de convocar un nuevo concurso. Incluso ha asegurado que concurrirán más grupos que los dos que presentaron una oferta en 2012. Pero, ¿quién quiere de verdad ATLL?
Inseguridad jurídica
Vila argumenta que el mercado está mejor ahora que en 2012, especialmente el crediticio. Según su valoración, las condiciones económicas del concurso son las más ventajosas para licitar. El Govern pide 1.000 millones de euros para concesionar durante 50 años el servicio de agua de Barcelona y su área de influencia.
Es el concurso más cuantioso de toda la presidencia de Mas. Pero el distintivo que espanta, en este caso, a los inversores es otro: «Demasiada inseguridad jurídica», señalan fuentes empresariales.
Socios financieros de grupos locales
Disponer del capital no es garantía suficiente para hacerse con la gestión de ATLL, por lo que un perfil de fondo oportunista –los más valientes para sacar la cartera ante este escenario– está obligado a ir de la mano de una de las empresas importantes del sector. No en vano, Acciona ha perdido la concesión por un defecto de forma del apartado técnico (el calendario de obras).
El grupo de los Entrecanales tiene ante si el reto de, en el caso de que se convoque de nuevo el concurso, conseguir a un nuevo socio financiero que apueste por ATLL. Actualmente mantiene un pacto con el banco de inversión brasileño BTG Pactual, que empezó la retirada de Cataluña por orden de su cúpula, está decidido a tirar la toalla en la región por los problemas legales que le ha planteado esta aventura.
Descarte del resto de posibles licitantes
Con todo, su portazo no les ha salido mal. Han conseguido una plusvalía del 100% al vender su participación minoritaria en otra concesión: la de los túneles de Vallvidrera (BCN) y del Cadí (Girona) de la mano de Abertis. En cuanto a los minoritarios, fuentes cercanas a las familias Rodés y Torreblanca indican a Economía Digital que tampoco están contentos con el desenlace final de una inversión que les propuso el Govern y se plantó como una simple commoditie.
Para Agbar, levantar un pacto con los dos fondos con los que firmó la oferta en 2012 es ahora complejo. Pero podría afrontar los requisitos económicos a título individual gracias a los socios financieros integrados en su matriz, Suez Environnement, relatan otros interlocutores conocedores del proceso.
El resto de grupos españoles con experiencia en el sector del agua se dan por descartados. Mantienen los motivos que justificaron que no optaran a la primera licitación.
Déficit público
Para cumplir con el planteamiento de Vila, la futura mesa de contratación debería convocar el concurso sin dinamitar el déficit público. En el momento en que se anule el contrato, Artur Mas debe apuntar 995,506 millones a los ejercicios 2012, 2013 y 2014, el 0,5% del PIB catalán. Además, marca las cuentas de 2015, las que el Govern intenta sacar adelante infructuosamente. No consigue los respaldos políticos necesarios para que lleguen a buen puerto.
El plan de la Generalitat es mantener, aunque sea de forma interina, a Acciona en ATLL hasta que resuelva el nuevo concurso. No está claro que jurídicamente pueda dar este plazo, ya que existen ciertas discrepancias sobre la legalidad de la opción entre las fuentes legales consultadas. Licitar al segundo concursante es una opción que está sobre la mesa, a pesar de la oposición del consejero de Economia, Andreu Mas-Colell, y los abogados de la Generalitat.
Responsabilidades políticas
Esta alternativa reconoce, de facto, el fracaso político de quienes dieron forma a la primera licitación. Los directos ya no están en la Generalitat: el predecesor de Vila en el cargo, Lluís Recoder, se ha incorporado como socio en KPMG, y el ex director de la Agència Catalana de l’Aigua, Leonard Carcolé, está en Andorra. En el actual Ejecutivo catalán están el propio Mas-Colell y el firmante del pacto con Acciona, el secretario general de la consejería de Territori, Pau Villòria. Él es, además, el presidente de la nueva mesa.
El reto de Villòria es minimizar las responsabilidades políticas que se deriven de la anulación. La oposición ya las ha reclamado y, según la vía elegida, serán más o menos clamorosas.
Lo único claro para Mas es que, elija la alternativa que elija, se deberá defender en los tribunales. El TSJC tiene pendiente resolver sobre el fondo de la cuestión, si Acciona incumplió realmente el pliego de condiciones; y tanto los Entrecanales como Agbar han dejado claro que litigarán para ver cumplidos sus objetivos. La guerra del agua está viva.
