¿Quién pone en peligro el estado de bienestar?

La aseveración es atrevida, pero responde a un estudio en profundidad sobre las finanzas autonómicas en los periodos de esplendor y de miseria. El investigador del CSIC, Angel de la Fuente, en un informe que recoge el servicio de estudios del BBVA, concluye que las autonomías no tienen por qué temer que se ponga fin al estado de bienestar.

“Los gobiernos autonómicos han mantenido un nivel de gasto que les debería permitir mantener los estándares de servicio existentes en los años 2003 y 2004. Ello puede comportar sacrificios desagradables en ciertos casos, pero no es consistente con la visión catastrofista según la cual los recientes recortes en el gasto autonómico conducen inevitablemente al desmantelamiento del estado de bienestar”, asegura De la Fuente.

Reducir gasto

La tesis puede ser polémica, pero De la Fuente ha analizado un periodo completo, el que va desde 2003, cuando todas las autonomías tienen ya asumidas las competencias de Sanidad, hasta 2012. Y la idea central es que el aumento del gasto ha sido enorme. Sólo se ha corregido en los dos últimos años.

Los ingresos, ciertamente, también han caído, pero el desequilibrio fundamental sigue estando en el ámbito del gasto público. Es decir, queda margen todavía para reducir gasto, algo que el Govern de la Generalitat rechaza.

Si se comparan las magnitudes, entre 2003 y 2010, Catalunya experimenta una gran transformación en el ámbito del gasto público. El aumento acumulado es de casi un 50% sobre el PIB entre 2003 y 2009. Y, pese al esfuerzo de los últimos años, el nivel de gasto “se mantiene unos 25 puntos por encima de su nivel inicial, lo que explica, casi en su integridad, el desequilibrio existente en el año 2012, ya que el nivel de ingresos sobre el PIB es de cuatro puntos más en 2012 que en 2003”.

Consolidar superávits

El Gobierno central comparte ese diagnóstico, que sirve para la mayoría de comunidades autónomas, y quiere incidir en ello, pese al rechazo que genera en Catalunya. Por ello pretende lograr un mayor control de las finanzas autonómicas, aunque en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera de este jueves tuvo que retirar su primer plan.

De la Fuente, en su informe Las finanzas autonómicas durante el boom y en la crisis (2003-2012) incide en que se ha olvidado “la temeraria explosión del gasto durante los años anteriores al comienzo de la crisis”. La tesis es que las comunidades actúan siguiendo y de qué manera el patrón cíclico de la economía, sin consolidar superávits cuando se tiene la ocasión, y acabando en fuertes déficits en momentos como el actual.

El objetivo sería, a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el de lograr un patrón menos procíclico. De la Fuente propone, además, un Fondo de Estabilización Presupuestaria que facilitara el “alisamiento” del gasto autonómico.

El indicador del gasto

Si se toma el dato del gasto real limpio de intereses por habitante, entre 2003 y 2010, el valor de esa variable se incrementó un 45% en Catalunya (20 puntos más que la media autonómica). Y, pese al fuerte descenso de los dos últimos años, bajo los gobiernos de Artur Mas, el indicador de gasto se mantiene un 19% por encima del nivel observado en 2003.

De acuerdo. Volvemos a los niveles de 2003. ¿Es una tragedia? ¿El estado de bienestar está en peligro, como apunta el President Mas o el conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, para justificar que no se sacrificarán estructuras u organismos de la Generalitat como la Sindicatura de Comptes o el Síndic de Greuges?

¿Y los inmigrantes?

Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la UAB, rechaza el argumento de De la Fuente. Considera que volver al nivel de gasto de 2003 o 2004 no es aceptable, porque por el camino han pasado cosas, como la entrada masiva de inmigrantes o la adaptación de la administración a un mundo globalizado que ha exigido nuevas estructuras como parques tecnológicos o centros de investigación.

“Todo parte de un gran error, y es que el sistema de financiación era insuficiente y no se ha acabado de solventar”, asegura. Oliver recuerda que el modelo aprobado en 2001 recogió los datos de población de 1999. Y cuando se corrigió, con el nuevo sistema de financiación de 2009, no se ha acabado de aplicar. Y es que, efectivamente, la población en Catalunya pasó de 6.506.000 millones de habitantes en 2002 a los actuales 7.570.908 habitantes. “¿Qué hacemos con los servicios hospitalarios, con las aulas de acogida, con las nuevas escuelas?”, se pregunta Oliver.

Menos direcciones generales

En una posición intermedia se sitúa el profesor de Economía de la UB, Gonzalo Bernardos, que sostiene la tesis de De la Fuente, según la cual el ajuste de las finanzas autonómicas, y, en concreto de Catalunya, se puede hacer todavía por el lado del gasto. Pero advierte de que ello no esconda un proyecto ideológico que trate de privatizar servicios, “como ocurre en el sistema de sanidad catalana”.

Sin embargo, Bernardos precisa: “se puede entrar en gastos estructurales, como los consejos comarcales, las direcciones generales, empresas y organismos públicos, agencias, y eliminar, fundamentalmente, subvenciones”.

Mas-Colell aseguró este viernes que no se podrá reducir mucho más el gasto público, de cara ya al 2014, y que la Generalitat se deberá centrar en la vía de los ingresos.

En ese debate intenso están inmersos el Gobierno central y el autonómico, teñido de un debate identitario, porque, en el caso de la Generalitat, no se acepta que las restricciones las imponga Madrid. Pero desde Barcelona tampoco se actúa.