Qué es el caso Mediador y cómo puede estallarle al PSOE de Sánchez

Hace apenas quince días que un nombre recorre de nuevo los pasillos de los juzgados canarios y es la comidilla en cualquier círculo político: el caso Mediador, o ahora popularizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid como Tito Berni, el sobrenombre por el que se conocía a un exdiputado socialista -obligado a dimitir hace tan sólo unos días- que se le considera la clave de la trama, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que está ahora imputado por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife.

De momento, ha habido trece detenidos y uno de ellos ya se encuentra en prisión. A los implicados se les imputan cargos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal. Pero, ¿qué es exactamente y cuáles son las claves de esta trama que puede estallarle al PSOE de Pedro Sánchez en plena precampaña electoral y que mezcla contratos públicos, prostitutas y cocaína?

Los líderes de la trama ‘Mediador’ ofrecían «obtener privilegios» en materia de contratación pública a empresarios que captaban, según el sumario del caso, por un módico «peaje» de 5.000 euros, pero también se investiga si extorsionaban a patrones del ámbito ganadero y alimentario a cambio de recibir tratos de favor en las inspecciones o en el trámite de ayudas europeas, incluso evitar sanciones e inspecciones. Tito Berni era quien, presuntamente, recibía los pagos de las comisiones, que eran depositadas en las cuentas de la Asociación Deportiva Vega de Tetir, que Fuentes Curbelo presidía.

Fiestas «serias» para «seducir a empresarios»

Para negociar estos términos, los cabecillas se reunían con los empresarios dispuestos en el mismo Congreso de los Diputados y en la sede de la Guardia Civil en Madrid. De ese modo, según los investigadores, pretendían aparentar «seriedad» y «seducir» a los empresarios. También sucedían presuntas fiestas a las que se invitaba y pagaba a prostitutas, además de ofrecerse droga.

Según el sumario, la media de gasto en estos fastos era de 3.000 euros, aproximadamente, y la Guardia Civil tiene indicios de la existencia de «múltiples pagos en restaurantes, establecimientos hoteleros, vuelos, Tarjetas Correos Prepago MasterCard, otros favores e incluso la entrega de dinero en metálico». De momento y de manera oficial, la Fiscalía es la única acusación personada en el caso, pero el Partido Popular canario ya ha anunciado que se sumará.

Por qué es «Mediador» y cómo se descubrió

La trama se llama caso Mediador porque es el nombre atribuido a Marco Antonio Navarro, también empresario y nexo entre los políticos y los captados. Navarro no es ajeno a los tribunales: ya se le había condenado anteriormente por delitos como estafa, robo con fuerza y violencia o falsedad documental, entre otros.

La documentación del caso revela que todo comenzó a venirse abajo a finales del año 2021, cuando otro dirigente socialista, el entonces director de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Luis Pérez Peña, fue a denunciar varias compras con su tarjeta bancaria que él no había realizado a comisaría. Ahí fue cuando la Policía se puso en la pista para cercar a Navarro, aunque negó haber tenido nada que ver pero cuyo requisamiento del móvil desveló evidencias claves. A pesar de ello, dicha investigación terminó en archivo, pero derivó en esta trama que hoy se investiga. 

Quiénes son los protagonistas

Más allá de tito Berni y el Mediador, hay otros dos cabecillas clave en la trama, además del resto de investigados, que son nueve personas más por el momento. Se trata del sobrino de Juan Bernardo Fuentes Curbelo y exdirector general de Ganadería, Taishet Fuentes, y el general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa Navas.

Fuentes fue destituido del cargo en junio de 2022, mucho antes de que las autoridades y el PSOE conociera lo sucedido, al no contar con la confianza del presidente autonómico de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres. Su supuesta función en la trama era “manipular expedientes” y ejercer su influencia sobre los empresarios. Pero hace tan sólo unos días, una semana antes de que estallara el caso y se conocieran las detenciones, había sido designado candidato del PSOE a la Alcaldía de Antigua (Fuerteventura).

El general retirado Espinosa es el único de todos los investigados que ha ingresado en prisión por ahora. Asuntos Internos de la Guardia Civil  lo señala como perceptor de sobornos de empresarios y en sus declaraciones Marco Antonio Navarro, el Mediador, le ha señalado como quien “provocaba la situación propicia para extorsionar a varios ganaderos”, llegando incluso a conseguir que “se enviase al Seprona a varias ganaderías a inspeccionarlas y, por ello, se veían obligados los ganaderos canarios a pagar las comisiones impuestas”.

Los presuntos delitos que se le imputan a los detenidos se circunscriben a los años 2020 y 2021, cuando el general retirado arrestado este martes estaba al frente del proyecto GAR-SI Sahel, encargado de la formación de gendarmes en países de África Occidental y, por tanto, sin dependencia directa de la estructura orgánica de la Guardia Civil.

Según el informe de la Guardia Civil, el general Espinosa Navas comenzó a colaborar con el grupo criminal porque las gestiones que llevaban a cabo en «la parte ganadera comenzaron a enquistarse», por lo que acudieron a él para que «sus contactos solucionaran los expedientes en trámite», pues se sabía que «utilizaba sus influencias para conseguir contratos para los empresarios a cambio de dinero o regalos». Hasta entonces, la organización supuestamente se encargaba de extorsionar a ganaderos de Canarias, «manipular expedientes» sobre sus explotaciones y ejercer su influencia sobre los empresarios de este sector para obtener contratos públicos, entre otros fines; y, si no «entraban en el juego, se quedaban sin ayudas», detalla otro de los informes que obran en la causa.