Las pymes batallan contra Sánchez por la ley de morosidad
Las pymes advierten que una cosa es la morosidad y otra la “morrosidad” de grandes corporaciones que alargan los plazos de pago para sacar provecho
El PSOE presentó una enmienda al proyecto de ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad que levanta alarmas entre las pequeñas y medianas empresas. Plantea la posibilidad de efectuar pagos a 120 días, el doble del actual límite legal, si las partes acuerdan garantías de cobro y compensaciones.
Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, advierte del “peligro” de esta enmienda porque introduce el “pacto entre las partes”. Esto reduciría la efectividad de la ley.
El llamado pacto entre las partes permitiría que se superasen los plazos legales de pago si hay acuerdo entre la empresa compradora y la vendedora. La realidad es que cuando una gran corporación exige estas condiciones de pago, las pymes difícilmente pueden negarse si quieren conservar a este cliente.
El proyecto de ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad se atascó la semana pasada en el Congreso de los Diputados en plena fase de debate de las enmiendas. Los trabajos continuarán después del parón parlamentario de enero. Se mantiene la previsión de que la ley irá al Senado en febrero para aprobarse definitivamente en el Congreso en marzo. Entonces entrará en vigor.
El presidente de la Plataforma contra la Morosidad se muestra optimista. Considera que la enmienda del PSOE para introducir el pacto entre las partes, avanzada por Cinco Días, no cuenta con suficientes apoyos parlamentarios. Fuentes políticas así lo apuntan.
La enmienda socialista no cuenta con el visto bueno del PP, pese a que defendió un planteamiento similar en el pasado, ni de Ciudadanos, que es la formación que impulso el actual proyecto de ley.
Cuidado con las sanciones
La principal novedad de la nueva ley es que introducirá sanciones para las empresas que paguen más allá del actual plazo legal de 60 días. En la actualidad, no son multadas cuando lo sobrepasan.
Cañete compara esta situación con las normas de tráfico: si un radar caza a un conductor por circular por encima de la velocidad permitida, se le sanciona y pierde puntos del carné. En cambio, si una empresa paga a sus proveedores más allá de los 60 días de plazo legal establecido, en la actualidad no se le impone ninguna sanción. Sin embargo, todo cambiará con la nueva ley.
Los grupos parlamentarios están de acuerdo en endurecer las sanciones hasta un millón de euros, cunado inicialmente se planteó un máximo de 820.000 euros para las infracciones más graves. Cañete señala que, con la nueva ley, no saldrá a cuenta demorar el pago a las empresas proveedoras: serán sancionadas y, además, deberán pagar la deuda y los correspondientes intereses de demora.
Más que morosidad, es “morrosidad”
Cañete señala que los países con largos plazos de pago o sin régimen sancionador pierden competitividad. Denuncia que hay grandes corporaciones que actúan como “dráculas” porque “chupan la sangre” a las pymes al pagar más allá de los plazos legales. Indica que más que morosidad, es “morrosidad”, por la cara dura de aplazar los pagos para sacar provecho.
Indica que este es el caso de algunas grandes superficies comerciales: cobran al momento de vender, en cash, pero aplazan el pago a los proveedores.
La nueva ley contra la morosidad regula las relaciones entre empresas. No afecta a las administraciones públicas. Su plazo legal de pago es de 30 días, pero suelen superarlo. Recientemente, el presidente de la patronal catalana Pimec, Josep González, advirtió que los ayuntamientos vuelven a las andadas con motivo de la proximidad de las elecciones municipales. Contratan más, pero alargando los plazos de pago.
