Puigdemont se agarra al PP para salvar la privatización de ATLL

El Parlament de Catalunya celebra el próximo miércoles, 2 de marzo, el primer debate de totalidad de la actual legislatura. Y no precisamente como le gustaría a su grupo mayoritario, Junts pel sí, ni a Carles Puigdemont. Será un pleno para debatir quitar a Acciona la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL). Paradójicamente, el aliado del president en este primer debate puede ser el PP, como en los años de Artur Mas y Alicia Sánchez-Camacho.

El PSC presentó en noviembre una proposición de ley para el retorno de ATLL a manos públicas, después de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dictara la anulación del contrato al consorcio que lidera Acciona, aunque el Govern recurrió al Tribunal Supremo (TS).

Concretamente, la proposición de ley, que se debatirá el 2 de marzo, es un artículo único que propone la modificación de la disposición adicional primera de la ley que permitió la privatización de la ex empresa pública. Los grupos de Junts pel sí y el PP presentaron enmiendas a la totalidad, por lo que si los populares mantienen esta postura, echarán un cable al Govern.  

La incógnita de la CUP

En el pleno pueden volver a escenificarse las diferencias entre Junts pel sí y la CUP, el grupo que a priori debe ser su gran apoyo de esta legislatura hacia la independencia de Cataluña. El partido antisistema se ha mostrado reiteradamente contrario a la gestión privada de bienes públicos como el agua y ha pedido también el retorno de ATLL a manos públicas.

La semana pasada, la CUP presentó una moción en el Parlament para instar al Govern a rescindir el contrato a Acciona si se confirman las irregularidades detectadas por Antifraude. ATLL subcontrató servicios a dos filiales de Acciona, por 7,5 millones, sin autorización administrativa, según el informe que Antifraude remitió hace unas semanas a Fiscalía.  

Expediente informativo

El Parlament aprobó la moción, con lo que instó al Govern a abrir un expediente informativo a la concesionaria y, en el caso que este expediente certifique las irregularidades, retirar la concesión. La conselleria de Territori ya ha abierto dicho expediente.

El president Puigdemont aseguró en este debate que no tenía «las manos atadas» a Acciona y que, si se detectaban irregularidades, el Govern actuaría. Pero abogó por la prudencia: «No descartamos ningún escenario. Pero para elegir un escenario, tenemos que dar los pasos correctos».

Nuevo frente

Con la adjudicación en el TS, el informe de Antifraude en Fiscalía y el expediente informativo, sólo le faltaba a ATLL un nuevo frente. Si prospera la proposición de ley del PSC, se formará una comisión en la que se harán las ponencias y se presentaran enmiendas.

Después de este proceso, la ley entraría en el pleno del Parlament, que tendría que aprobarla o rechazarla. El plazo mínimo estimado es de seis meses.