Puigdemont se agarra al Parlamento y desacata al TC

Desacato. El presidente catalán, Carles Puigdemont, seguirá con el plan secesionista. Tras conocer que el Tribunal Constitucional anulaba la resolución del parlamento, Puigdemont sentenció que obedecerá, pero no precisamente al alto tribunal. «Obedeceremos, y tanto, obedeceremos al parlamento, cumpliremos el compromiso con los ciudadanos, y edificaremos un estado libre, moderno y próspero».

Y es que los independentistas se declaran en rebeldía frente al Tribunal Constitucional. Son los socios del presidente Puigdemont los que le instan al desacato, aunque él se unió posteriormente.  Tras la decisión del alto tribunal de suspender la hoja de ruta soberanista, al desactivar la votación del Parlament sobre las conclusiones de la comisión del proceso constituyente, los dirigentes de los partidos soberanistas manifestan su intención de seguir adelante, sin inmutarse.

Lo defendió desde la vicepresidenta del Govern, Neus Munté, hasta la dirección de la CUP, la fuerza política anticapitalista, que será determinante para que el presidente Carles Puigdemont pueda seguir gobernando a partir del 28 de septiembre, cuando está prevista la cuestión de confianza en la cámara catalana.

Fieles a Catalunya

Según Munté el papel del Tribunal Constitucional «no se entiende en ningún lugar del mundo», y es »del todo incomprensible» que pueda tomar medidas contra Carme Forcadell, la presidenta del parlamento catalán. Lo que ha realizado el Constitucional es, a su juicio, es ir en contra de una decisión «democrática» adoptada por los diputados catalanes.

Más contundente fue el diputado de ERC, Joan Tardà, dispuesto a ir hasta el final con la hoja de ruta soberanista. «Lo más importante es que nosotros nos mantendremos fieles al Parlament de Catalunya, si hay que desacatar, desacataremos», afirmó.

Y la diputada de la CUP, Mireia Vehí, sentenció que su partido no piensa acatar ninguna decisión del Constitucional que implique frenar el proceso constituyente: «Pese a la suspensión, seguiremos con el despliegue del proceso constituyente y no acataremos la resolución del tribunal». La posibilidad de que se persiguiera penalmente a Carme Forcadell, la presidenta de la cámara catalana, significaría, a juicio de Vehí, «un punto de no retorno» por parte del Estado, que llevaría a una «respuesta de país ante un hecho tan grave».

Suspensión y alegaciones

La posición de la CUP es, de nuevo, crucial. El presidente Carles Puigdemont se somete a una cuestión de confianza el 28 de septiembre. Su grupo parlamentario, Junts pel Sí, necesita los votos de la CUP para seguir gobernando, lo que pasa por dos cuestiones: la propia sobre Puigdemont, y la aprobación de los presupuestos de 2017. La CUP insiste en que en el primer semestre de 2017 el Gobierno catalán debería convocar un referéndum unilateral de independencia. En esa hoja de ruta está la CUP, pero también Junts pel Sí, que incluye al Partit Democràta Català (ex CDC) y a ERC, aunque con matices, como esa propia agenda sobre el referéndum.

El Constitucional, en todo caso, ha ganado tiempo. Su decisión de este lunes, adoptada por unanimidad –eso es importante si se tiene en cuenta el pasado reciente del alto tribunal– implica que se suspende la resolución parlamentaria de los diputados soberanistas catalanes. Esa resolución no puede, por tanto, producir efectos jurídicos. Lo que pide, tras suspenderla, es que el propio parlamento, el Gobierno, a través del abogado del Estado, y el fiscal puedan formular alegaciones en un plazo de 20 días.

Además de suspender la resolución, el alto tribunal advierte de forma personal a Forcadell y al presidente catalán, Carles Puigdemont, de una eventual responsabilidad penal en el caso de que ‘pasen’ de la suspensión. Por ello es fundamental saber hasta dónde querrá ir Puigdemont, con socios que le incitan al desacato.

La responsabilidad de Forcadell

En el próximo pleno del Constitucional, que ya no llegará hasta septiembre, a la espera de esas alegaciones, se adoptarán medidas sobre el fondo de la resolución aprobada. La primera decisión se centrará en si es o no constitucional, y la anula. Pero también deberá decidir en ese momento si envía a la Fiscalía una comunicación para que se puedan iniciar medidas penales por un presunto delito de desobediencia por parte de Forcadell. Su responsabilidad, según el Constitucional radica en que pudo haber parado esa votación.

Forcadell, en cambio, sostiene que fue el pleno, al variar el orden del día, quien lo decidió, y que está por encima, según el reglamento de la cámara catalana, de la Mesa del Parlament.

Rajoy, ¿presidente en funciones?

El Constitucional también deberá responder a las peticiones del Gobierno, que pedía que se enviase un requerimiento también a los miembros de la Mesa del parlamento, y a su secretario general, para que no promuevan nada de lo acordado en la resolución. Entre otras cosas se aprobó que el Parlament se pudiera transformar en una asamblea constituyente para elaborar una Constitución catalana.

En septiembre, con el fervor soberanista de cara a la Diada del 11 de septiembre, y la cuestión de confianza para el 28, cualquier decisión del Constitucional servirá para avivar el choque institucional que desea el movimiento independentista. Entre otros motivos, esa ha sido una de las razones de la resolución, que busca una reacción del Gobierno, para intentar darle cauce al proyecto soberanista.

Para ese instante, el actual Gobierno podría seguir en funciones, si Mariano Rajoy no consigue un acuerdo para su investidura.