Puigdemont se querellará contra el Tribunal de Cuentas
El expresident considera que la delegada instructora Esperanza García ha actuado de forma "arbitraria" y que ha provocado la "indefensión" de los independentistas
El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. EFE/CLAUDIA SANCIUS
Carles Puigdemont ha anunciado que se querellará contra el Tribunal de Cuentas por el rechazo al aval del Govern para pagar la fianza de 5,4 millones de euros que se les reclama a 34 ex altos cargos y funcionarios de la administración catalana por su presunta implicación por los gastos indebidos en la promoción del procés en el extranjero, entre 2011 y 2017.
El expresident de la Generalitat considera que la delegada instructora Esperanza García ha actuado de forma «arbitraria» y que ha provocado la «indefensión» de los independentistas, según ha adelantado El Confidencial. Igual que el Govern, también recurrirá esta resolución.
El exdirigente ha apuntado que en ningún caso se entiende que los avales no sean legales y válidos y, en un escrito al que ha tenido acceso el citado diario, ha argumentado que la delegada instructora está contraviniendo «lo dispuesto en una norma con rango de ley autonómica bajo la premisa de la validez de los avales«.
Puigdemont defiende el decreto ley en el que la Generalitat creó el sistema y explica que su objetivo es «proteger a quienes puedan ver amenazado su patrimonio por resoluciones que no sean firmes».
Puigdemont arremete contra la delegada instructora
«Como se terminará demostrando en este caso, pueden ser víctimas de actuaciones arbitrarias practicadas al margen de la legalidad», ha indicado elexpresident. Y añade que lo que pretende de este modo es «prevenir daños irreparables a personas cuya responsabilidad no ha sido determinada más que de forma provisional, sesgada y arbitraria«.
Puigdemont ha criticado que la delegada «obvia la parte que no le interesa, tal cual viene realizando desde un comienzo en esta particular forma de desplegar las funciones que se le encomendaron».
El pasado 14 de octubre, la instructora del órgano fiscalizador del expediente consideró que el Govern no podía ofrecer el aval porque la legislación catalana no ampara actuaciones irregulares de los dirigentes públicos con dolo.
Al mismo tiempo, el Tribunal rechazó los recursos de los independentistas contra estas fianzas. Los investigados defendieron que tuvieron poco tiempo para conocer el expedientes y efectuar alegaciones. Sin embargo, el tribunal ha determinado que los plazos fueron los correctos y que incluso se ampliaron.
