Puigdemont presiona al Parlament para que no se someta a Llarena
El líder soberanista remarca que no tiene intención de dejar su escaño y confía en que el Parlament "proteja" a sus diputados
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha terciado hoy en la polémica en torno a la aplicación de su suspensión como diputado del Parlament de Cataluña, dictada el pasado mes de julio por el juez Pablo Llarena. Y lo ha hecho para dejar claro que no tiene la intención de dar más pasos al lado —es decir, que no piensa facilitar su sustitución como parlamentario— y también para pedir al Parlament que no lo desampare pese a las amenazas que se ciernen sobre la cámara.
Puigdemont, sin embargo, no ha dado pistas sobre cómo pueden resolver Junts per Catalunya (JpC) y ERC el choque que mantienen. Sólo se ha limitado a apuntar que confía en que el Parlament «protegerá a sus miembros», una postura que ha equiparado a la que mantiene el poder judicial con el juez Llarena (en referencia al amparo dado al magistrado frente a la causa civil abierta contra él en Bélgica por el propio Puigdemont).
Puigdemont esgrime sus resultados electorales
El líder soberanista, que este miércoles ha impartido la conferencia inaugural del curso de Derecho Internacional y Europeo de la Universidad PXL de la localidad de Hasselt, en la zona flamenca de Bélgica, ha recordado que JpC, la formación con la que concurrió como cabeza de cartel, «obtuvo un enorme apoyo» en las elecciones del 21-D, y ha insistido en que «no hay ninguna sentencia que nos obligue a dejar el escaño».
No es eso lo que plantea la resolución de Llarena, sino una suspensión temporal que el Parlament aplica a su manera porque Puigdemont y los otros cinco suspendidos están sin cobrar como diputados desde mediados de julio, pero nadie ocupa su lugar.
Choque sin resolver entre JpC y ERC
El meollo es la forma de gestionar esas suspensiones sin que el gobierno catalán se quede sin esos seis votos. ERC abogó en julio por que en las votaciones fueran sustituidos por otros miembros de sus mismas formaciones, tal y como ya se estaba haciendo con todos ellos aplicando el sistema de voto delegado, pero JpC pidió hacer una excepción con Puigdemont, y que esa solución no se aplicara al expresident, a lo que Esquerra se negó.
Ese choque propició la suspensión del pleno del 18 de julio, y que no se convocara ningún otro hasta el próximo 2 de octubre, con lo que ambas formaciones se daban dos meses y medio de plazo para llegar a un acuerdo. A falta de menos de dos semanas para que expire ese plazo, el pacto sigue pendiente.
