Puigdemont pide a Llarena anular la orden de captura por desobediencia y malversación
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acusa al juez Pablo Llarena de "ignorar" la reforma penal aprobada recientemente por las Cortes
El expresidente catalán Carles Puigdemont. EFE/EPA/JULIEN WARNAND
El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha pedido la anulación de la orden de captura, que el juez Pablo Llarena dictó en su contra por supuestos delitos de desobediencia y malversación, para después acusarlo de «ignorar» la reforma penal aprobada por las Cortes que entró en vigor el pasado 12 de enero. A través de un recurso de reforma, su defensa ha dejado bien claro que no cometió ninguno de estos dos delitos y ha alegado que su inmunidad como europarlamentario anula todas las decisiones del magistrado dictadas desde que adquirió esta condición en 2019.
«Ni antes de la reforma ni después de esta podía ni puede ser acusado del delito de sedición, mucho menos del de rebelión, ni del de desórdenes públicos del apellido que se le quiera poner porque en ningún sistema democrático los hechos de octubre de 2017 son incardinables en ningún tipo delictivo», ha destacado el letrado Gonzalo Boye, a cargo de la defensa del expresidente catalán.
Y añade que «lo mismo ha de suceder respecto del delito de malversación» porque «los hechos que se les imputan son, a lo sumo, inexistentes», como con «la malversación fantasma de Unipost». Boye lo explica así: «En Alemania se dictó una sentencia que, en términos reales, implicó la derogación de facto del delito de sedición, como el de rebelión, aun cuando el Legislador haya tardado más de 4 años en hacerlo efectivo y publicarlo en el BOE».
Confusión entre «inmunidad» y «aforamiento»
Pero más allá de negar delito alguno, la defensa asegura que lo que hace Llarena es «confundir inmunidades con aforamientos», dejando claro que «no siendo competente este Tribunal Supremo» para conocer de las causas contra eurodiputados «tampoco lo es para dictar el auto aquí recurrido», lo que determina su nulidad incluida la orden de detención nacional, que pide dejar sin efecto.
La defensa habla de «déjà vu judicial» dado que ya esgrimió en otras ocasiones la nulidad de la orden nacional al tener inmunidad como eurodiputado, y añade que Llarena debería volver a pedir autorización al Parlamento Europeo para dictarla, algo que ya rechazó el juez en su día al considerar que en España dicha autorización no es obligatoria cuando se accedió al cargo después de ser procesado.
Por todo ello, pide al instructor que declare su incompetencia para conocer de esta causa, anule todas las decisiones adoptadas tras convertirse en europarlamentario y remita las actuaciones al juzgado de instrucción de Barcelona que corresponda.
Ahora bien, el letrado sostiene que en caso de que Llarena dude, procedería elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE «acerca de si las inmunidades comprenden también los eventuales aforamientos de los parlamentarios nacionales».
Más aun cuando el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, defiende que «este es un asunto sobre el que tantas dudas convergen», señala Boye en su escrito que recoge unas palabras de este magistrado al respecto.
Precisamente, el Tribunal General de la UE tiene pendiente pronunciarse en pocas semanas sobre el alcance de la inmunidad de Puigdemont tras la concesión del suplicatorio a petición de Llarena, y lo mismo el Tribunal de Justicia de la UE sobre las euroórdenes, que el instructor no ha dictado a la espera de estas decisiones.
El expresident sostiene, además, que existen «dos procedimientos paralelos», su causa penal en el Tribunal Supremo y el procedimiento contable abierto en el Tribunal de Cuentas, que están sustentados «en el ánimo de reprimir al independentismo catalán» y que, dice, vulneraría su derecho a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, algo que ya esgrimió sin éxito hace unos meses ante el Tribunal de Cuentas.
Y también vuelve a cargar contra la «absoluta falta de imparcialidad» del juez Llarena, entre otras cuestiones, por dirigir «una clara e indebida crítica hacia el legislador» por la reforma del Código Penal que eliminó el delito de sedición.
La posición de Puigdemont no solo choca con la del instructor sino también con la de la Fiscalía y la Abogacía del Estado que consideran que la reforma penal que convirtió el delito de sedición en uno de desórdenes públicos agravados permite atribuir a Puigdemont, este último tipo penal, además del de malversación.
