Puigdemont ordena a Torra que resista en rebeldía
El independentismo halla la complicidad del Gobierno para ignorar la inhabilitación del diputado Torra ordenada por la junta electoral
No hay junta electoral, ni central ni provincial, que atienda Quim Torra, quien no tiene la menor intención de poner las cosas sencillas al presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, para cesar como diputado.
Torra ha analizado la situación con su valedor, el huido Carles Puigdemont, con quien se reunirá esta semana en Estrasburgo, y también con el abogado que comparten, Gonzalo Boye, y han decidido por su cuenta y riesgo que la junta electoral no es quién para inhabilitar actas de diputado.
El pasado viernes, la Junta Electoral Provincial comunicó al presidente del Parlament que debía despojar a Torra de su condición de diputado basándose en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que le condenó a un año y medio de inhabilitación para cargo público por delito de desobediencia (el caso de los lazos amarillos en el Palau de la Generalitat).
Pero Torra no reconoce legitimidad a la junta electoral, a quien acusa de perpetrar «un golpe de estado», y cuenta de momento con la complicidad del presidente del Parlament, que ha garantizado al presidente de la Generalitat que su acta de diputado está en vigor.
Roger Torrent ha optado así por exponerse personalmente a un problema judicial porque ya sabe que se enfrenta a una denuncia por delito de prevaricación, anunciada por el PP.
De momento, Torrent se mantiene impasible. Su cálculo es que no puede proceder al cese de Torra sin que el Tribunal Supremo, a quien el presidente de la Generalitat ha recurrido, se haya pronunciado de manera firme sobre su inhabilitación.
A su favor cuenta con el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que los socialistas también son de la opinión que debe ser el Supremo, y no la junta electoral, quien decida la suerte de Torra.
El contraste es demoledor. Mientras el PP exige un nuevo pleno de investidura para relevar a Torra, el PSOE comenta que «no tiene nada que decir» sobre cuestiones judiciales e insiste en que el gobierno de Sánchez «ha hecho una apuesta clara por el diálogo político, que se fundamenta en el reconocimiento del otro y sobre todo en la legitimidad del otro».
La presión sobre Torrent
En paralelo, Junts per Catalunya se ha encargado de multiplicar la presión sobre Torrent para que no ceda y mantenga a Torra de diputado.
Una de las dirigentes del círculo de Puigdemont y Torra, la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, anticipó este mismo sábado que la lista de Junts per Catalunya «no correrá». Es decir, que Ferran Mascarell no entrará en el Parlament para sustituir como diputado a Torra, tal y como ha ordenado la junta electoral.
¿Ejercerá Torra como diputado en el próximo pleno del Parlament? “No solo yo puedo poner la mano en el fuego, sino que el mismo presidente del Parlament también garantizó sus derechos políticos», endosó Budó a Torrent.
Gracias a la acción del PP se retira a Torra su condición de diputado. Exigimos que se convoque inmediatamente el Pleno de investidura del nuevo President.
Si el presidente del Parlament no actúa cometería un delito de prevaricación y Torra de usurpación, que denunciaríamos.
— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) January 10, 2020
En este contexto prepara Sánchez su reunión con el presidente de la Generalitat. Según acordaron en una conversación previa a que la junta electoral comunicara al Parlament que debía cesar al diputado Torra, la cita debía ser «en los próximos días».
Y nada ha movido la opinión del PSOE, que ya está poniendo en práctica la «desjudicialización» acordada con ERC. Basta con escuchar al ministro José Luis Ábalos: «Hay que buscar respuestas políticas a un conflicto de naturaleza política», dijo este sábado. Y lamentó que haya quien insista «en abundar en lo judicial», por lo que «llega un momento en que todos nos perdemos».
