Puigdemont financió el ‘procés’ con dinero destinado al Tercer Mundo

Parte del ‘procés’ se financió con dinero público. Según el Tribunal de Cuentas, la Generalitat de Catalunya utilizó ayudas de cooperación al desarrollo para fortalecer el independentismo y financiar organizaciones afines en territorio catalán. Fueron miles de euros que debían ser usados para mejorar las condiciones de vida de habitantes en zonas de riesgo y que acabaron en los bolsillos de los promotores del independentismo.

Según El Confidencial, el Tribunal de Cuentas descubrió «una larga lista de irregularidades» en la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), un organismo al que Carles Puigdemont disparó el 222% el presupuesto en 2017, el año del referéndum.

Los Gobiernos, tanto de Puigdemont como de Artur Mas, utilizaron la entidad para subvencionar algunos eventos como ‘Cataluña para la abolición de las armas nucleares’, ‘Promoción del turismo rural comunitario entre los actores del sistema turístico catalán’ y ‘Derechos sexuales y reproductivos: fortalecer capacidades de incidencia en la agenda global 2030’.

La mayor parte de las jornadas estuvieron organizados por asociaciones vinculadas al secesionismo. Por ejemplo: ‘Cataluña para la abolición de las armas nucleares’ estaba promovida por FundiPau, asociación que promueve la desobediencia civil contra España y que esta semana organiza otro evento de la mano de Òmnium. Recibió 12.000 euros.

Otras de las organizaciones beneficiadas por el dedo de la Generalitat fueron Observatori DESC, que en 2017 se embolsó 27.000 euros, y Novact, que obtuvo hasta 300.000 euros a lo largo de todo el ejercicio.

Cataluña disparó el presupuesto para la ayuda al Tercer Mundo en 2017

Así, el Tribunal de Cuentas lamenta la falta de evidencias de que los distintos programas financiados puedan encajarse en el marco de la agencia. La ley, además, permite a la organización anticipar el 100% de la ayuda a las entidades y, según el mismo medio, «su control posterior del dinero es muy deficitario».

Y a pesar de la falta de control, el presupuesto se disparó en 2017: de los 4,1 millones que gestionó en 2016, la ACCD pasó a mover 13,3 millones de euros en el año del referéndum; una cifra también a años luz de los 2,9 millones que tenía en 2014 y los 5,4 millones de 2015.

El juzgado de instrucción número 1 de Barcelona ya tiene abierta una investigación sobre la presunta malversación en subvenciones al Tercer Mundo ideada por altos ejecutivos de Convergència. Más de una treintena de políticos y asociaciones están imputados en la llamada operación Estela, en la que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se centró en las ayudas otorgadas por la Diputación de Barcelona.