Puigdemont estrena su parlamento a la búlgara
La llamada "asamblea de cargos electos" echa a andar con casi 2.000 asistentes y el intento de recuperar la maltrecha unidad independentista
Una «fabulosa reunión de legitimidades». Así definió Carles Puigdemont la llamada «asamblea de cargos electos de Cataluña», que se reunió este martes en Barcelona en respuesta a la llamada del líder huido y para escenificar una supuesta recuperación de la perdida unidad independentista. Aunque ese intento fue tan de mínimos que apenas se tradujo en un manifiesto fundacional que no pasa de reiterar las reivindicaciones básicas que comparten todos los partidos separatistas.
El texto, consensuado por un «grupo motor», un nucleo duro de representantes de Junts per Catalunya (JxCat), ERC y la CUP, y sometido a votación entre los cargos electos de las tres formaciones que atiborraron el auditorio del Palacio de Congresos de Cataluña, se limita a insistir en el rechazo a la sentencia, el apoyo a la movilización popular y la reclamación de una mesa de diálogo, de una mediación internacional, de una «solución política» a la crisis catalana y de una amnistía que permita la libertad de los líderes políticos condenados y el retorno de los que huyeron, con el propio Puigdemont al frente. Por supuesto, ese texto, como también pasó con la constitución de la asamblea, fue aprobado por aclamación, sin abstenciones ni votos en contra.
De todos modos, lo que contaba era la puesta en escena, que era la de la activación por primera vez de una iniciativa que fue lanzada en 2016 por la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y concebida como un registro en el que podían inscribirse los alrededor de 9.300 cargos electos de Cataluña, se trate de alcaldes, concejales, diputados (en el Parlament, el Congreso o la Eurocámara) o senadores. La idea era constituir una especie de parlamento paralelo «en defensa de las instituciones catalanas», según la terminología independentista, en caso de que estas fueran intervenidas, como acabó sucediendo en octubre de 2017.
Puigdemont y la democracia por unanimidad
En el organigrama parainstitucional diseñado por el soberanismo al inicio de esta legislatura, el «consell per la república», el organismo encabezado por Puigdemont, pretende ser una especie de poder ejecutivo en la sombra y «el exilio», mientras que la asamblea equivaldría al legislativo, es decir, a una especie de versión multitudinaria y homeopática del Parlament, pero en la que, eso sí, a diferencia de lo que sucede en la cámara catalana, todas las votaciones se resuelven, al menos por el momento, por unanimidad.
El expresident, que intervino vía videoconferencia, insistió, como también hizo la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, en el carácter «disruptivo» que suponía la fundación de la asamblea, a la que acudieron más de 1.900 personas que coparon el auditorio del centro de convenciones y pagaron religiosamente 10 euros por cabeza —ese era el precio de la inscripción— para sufragar la organización del evento. El presidente de la Generalitat, Quim Torra; el del Parlament, Roger Torrent, y el vicepresident y hombre fuerte de ERC en la Generalitat, Pere Aragonès, estaban entre los asistentes, como otros miembros del govern, pero no intervinieron en el acto.
Puigdemont insistió en tratar de dotar de peso a la cita, que, a sus ojos, representa «la emancipación contra la exigencia de una obediencia servil», y el envío de «un mensaje nítido» a los catalanes independentistas: «que hemos escuchado su clamor y que empezamos a caminar con una agenda propia» sin esperar, insistió, a «la imposible conjunción astral» que supondría la aparición de un gobierno español dispuesto a hablar de autodeterminación.
De la dimisión de Buch al boicot al IBEX
Tras la conexión con Waterloo, se leyó una carta enviada por la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, condenada a 11 años y medio de cárcel y que en su misiva pidió al independentismo que persista en su lucha y que lo hiciera «sin apartarse nunca del camino de la no violencia».
Después se abrió un turno para que tomaran la palabra los asistentes, y ahí ya cada uno fue por su cuenta, con propuestas que suscitan mucho menos quorum entre el soberanismo: de la llamada al boicot a las empresas del IBEX a pedir «unidad real» a los partidos, de la idea de sustituir la bandera española de los ayuntamientos por una bandera negra a la asunción de responsabilidades por parte de los Mossos por las cargas policiales durantes las protestas, aderezadas, en el momento más tenso del acto, con cantos pidiendo la dimisión del conseller de Interior, Miquel Buch.
No faltó tampoco quien consideró que al manifiesto se le tendrían que haber añadido un par de puntos: la implementación del «mandato del 1 de octubre» y la activación de la declaración de independencia del Parlament. Ni siquiera un joven que se situó tras las barricadas de los últimos días y le enmendó la plana a Torra: «Los que protestaban en la Via Laietana no eran infiltrados [como llegó a decir el president de los responsables de los disturbios], éramos vuestros hijos», espetó.
Claro que afirmaciones e iniciativas de ese jaez generan aplausos, pero ni mucho menos consenso, condición necesaria para tener cabida en un texto conjunto y, por lo que se ve —y a diferencia, de nuevo, de lo que pasa en el Parlament—, para ser sometidas a votación, así que se quedaron en meros desahogos.
Lo que si se acordó, de nuevo a la búlgara, es que ese primer grupo de trabajo autor del manifiesto fundacional continúe a modo de comision gestora hasta la próxima reunión de la asamblea. Aunque aún está por ver cuándo se celebrará el futuro conclave. Y si subirá el precio de la inscripción, porque lo recaudado no llegó para pagar el alquiler de la sala. Y si la cita cambiará de ubicación o por el contrario volverá a convocarse en el recinto usado este martes, pese a tratarse, valga la ironía, del apéndice para grandes convenciones de un establecimiento de nombre tan monárquico, tan institucional, como es el hotel Rey Juan Carlos I.
