Puigdemont despliega el Consell per la República a espaldas de ERC y CUP
El expresidente saca adelante su Asamblea de Representantes, su 'parlamento fake' solo para independentistas convencidos ante la falta de acuerdo con republicanos y antisistema
Sin consenso para reformar el Consell per la República (CxR) tras más de medio año del pacto de investidura. Uno de los escollos de las negociaciones para la investidura que, una vez votado Aragonès, no ha tenido más recorrido. Puigdemont sigue a su aire desplegando su ‘República paralela’, y está en pleno proceso electoral de su ‘parlamento fake’, sin el aval de ERC y la CUP.
El pacto de investidura proponía una reformulación del órgano desde el «consenso», para que se convirtiera en el centro de gravedad de decisión de toda la estrategia independentista: «ERC y Junts se comprometen a proseguir los trabajos de reformulación del CxR y trabajarán para su impulso y reconocimiento como institución republicana».
Aunque Puigdemont ha seguido como si nada. Ha convocado unas elecciones a la Asamblea de Representantes –su suerte de parlamento paralelo solo de independentistas– los días 29, 30 y 31 de noviembre, donde solo se han presentado afines a Puigdemont y personas de poca relevancia de ERC y la CUP a título individual.
Una fuerte división estratégica entre socios
Lejos de la pretendida unidad que propugna Junts, la decisión todavía aleja más a los partidos independentistas. El movimiento de fondo refleja que no hay consenso, ni hay una vía estratégica conjunta, ni voluntad de abrir la Caja de Pandora por parte de una ERC que vive muy cómoda con Puigdemont en segundo plano.
Los republicanos siguen acusando el partidismo del CxR, cuyo presidente vitalicio es Carles Puigdemont, como si se tratara del monarca de un reino. Este, a su vez, es el líder de Junts per Catalunya, y la mayoría de sus socios –poco más de 100.000 tras tres años de existencia y propaganda desde el entorno del president– son afines al prófugo en Waterloo.
Las elecciones han sido motor de discordia. Los republicanos aspiraban a que estas pudieran llevarse a cabo una vez el independentismo hubiera decidido qué hacer con este órgano. El entorno del prófugo, sin embargo, ve más factible que el gobierno paralelo que surja de las pseudournas sea quien lidere las negociaciones.
Los anticapitalistas tampoco participan de este órgano de Puigdemont, y se mantienen al margen de las decisiones y procesos que abra el prófugo. No obstante, algunos cargos menores de ayuntamientos sí que se han presentado como candidatos, como Adam Bertran en Girona o Josep Llobet en Navata.
El Consell per la República no ha escatimado en detalles. Un parlamento paralelo formado por 122 diputados, de los que 81 lo serán por «candidatura ciudadana» y los 40 restantes para cargos electos como concejales, diputados, eurodiputados o senadores. Cuando la Asamblea de Representantes se constituya, deberá escoger a su presidencia y también.
La institucionalidad de ‘fantasía’ de Puigdemont
Una de las candidatas a serlo podría ser Laura Borràs, candidata como diputada en las elecciones de Puigdemont. La presidenta del Parlament real sería un magnífico gancho para dotar de cierto halo de credibilidad la voluntad parlamentaria de una asamblea solo para convencidos.
El objetivo es que la institución de Puigdemont parezca cuanto más realista mejor. Por ello, también cuenta con una Sindicatura Electoral –su Junta Electoral propia–, y un Butlletí Oficial del Consell per la República (BOCxR), donde se publican los pseudodecretos y demás normas que rigen el funcionamiento del Consell.
Los republicanos, recelosos de este órgano cuando Junts pretendía someter la presidencia de la Generalitat al dictado de Puigdemont, tampoco tiene demasiado interés. No hay unidad estratégica con sus socios, que apuestan por el ‘no a todo’ y la desestabilización con Moncloa.
ERC, sin embargo, está por la mesa de diálogo y su compleja relación con el socialismo español. Los republicanos, a diferencia de sus socios en el Parlament, ni siquiera han presentado enmienda a la totalidad a las cuentas de Pedro Sánchez. Una relación que se ha fortalecido desde los indultos a los condenados por sedición del pasado junio.