Puigdemont conserva sus privilegios como expresidente de la Generalitat
Junts per Catalunya, ERC, CUP y Catalunya en Comú rechazan una propuesta para que los expresidentes pierdan privilegios en el caso de vivir fuera de Cataluña
El bloque soberanista (Junts per Catalunya, ERC y la CUP) y Catalunya en Comú han impedido este miércoles en el Parlament que Carles Puigdemont pueda perder los privilegios que le otorga el estatuto de expresidentes de la Generalitat. Los mencionados partidos han rechazado una proposición de ley del PP que pedía retirar estos privilegios en dos supuestos: querer disfrutar de ellos fuera del territorio catalán y ser condenado penalmente.
El estatut de expresidentes —aprobado en 2003 y modificado en 2015 a raíz de la confesión de Jordi Pujol— concede varias prerrogativas a los Molt Honorables, entre otras económicas. Así, por ejemplo, los expresidentes tienen derecho a percibir, al menos durante una legislatura, una asignación mensual equivalente al 80% de la retribución que corresponde al presidente de la Generalitat. Actualmente, el salario anual del president es de 145.470 euros, por lo que a Puigdemont le corresponderían 116.376 euros (14 pagas de 5.249,8 euros).
Llegados a los 65 años, los expresidentes de la Generalitat tienen derecho a percibir una pensión de jubilación vitalicia consistente en una asignación correspondiente igual al 60% del sueldo, es decir, 14 pagas de 4.107,2 euros (87.282 euros anuales).
El salario actual de Puigdemont
El mismo estatut prevé que los expresidentes de la Generalitat tengan derecho a una oficina, secretaria, coche oficial, chófer y escolta. Hasta el momento, Puigdemont no ha reclamado acogerse a este estatuto, ya que se reclama como «presidente legítimo» de la Generalitat. Pero el Parlament no le pondrá ningún inconveniente en hacerlo. Actualmente, el líder huido percibe el sueldo de diputado (4.872,57 euros mensuales) y la ley impide percibir dos salarios públicos.
Tras las modificaciones introducidas en 2015 a raíz de la confesión de Pujol sobre su fortuna ocultada a Hacienda, se introdujo una modificación para que el Parlament pudiera revocar estos privilegios mediante una mayoría de dos tercios en el caso de condena penal. El PP quería simplificar este trámite para que la ley contemplara la retirada inmediata de las prerrogativas en el caso de condena penal. Pero el bloque soberanista, junto a Catalunya en Comú, tumbó esta iniciativa.
“Los separatistas han sometido la presidencia de la Generalitat a las más altas cotas de desprestigio, en lo simbólico, en lo político y en lo histórico”, ha lamentado el portavoz parlamentario del PP, Alejandro Fernández, que también ha subrayado que «en cualquier democracia del mundo, tras una condena penal, los derechos de los expresidentes quedan revocados automáticamente».
