Puig quiere ‘borrar’ la herencia de Mena en la RMI
El 'conseller' se compromete a aprobar una nueva ley para la prestación en los primeros meses de legislatura
El conseller de Empresa i Ocupació, Felip Puig, renovará la ley de Renda Mínima d’Inserció (RMI) en los primeros meses de la legislatura. Puig ha anunciado este lunes en la presentación del informe sobre el riesgo de pobreza en Catalunya, por parte del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), que en su departamento ya han empezado a trabajar en este sentido. La nueva norma borrará la polémica herencia de su predecesor en el cargo, Francesc Xavier Mena.
Puig no ha detallado en qué se diferenciará su iniciativa de la de Mena. Se ha limitado a afirmar que su prioridad es luchar contra el riesgo de exclusión social en un momento en el que la crisis y la falta de empleo del país ha disparado el riesgo de pobreza, “y esto pone en tensión nuestras propias infraestructuras”. La prestación de este último recurso es de 425 euros mensuales.
Caos en agosto de 2011
“La ley que regula esta prestación ha quedado desfasada y ya no responde a las necesidades actuales”, sentencia el conseller. Por el momento, se limita a prometer un calendario para iniciar el debate de la nueva ley de la RMI.
Los agentes sociales reclaman tener voz en esta ocasión. Sobre todo si se tiene en cuenta la anterior modificación de Mena, que provocó un caos en los pagos en agosto de 2011 tras modificar los criterios para ser beneficiario e intentar cambiar la forma de cobro de la prestación, de transferencia a cheque bancario. El ex profesor de Esade alegó que había mucho fraude en el cobro de la RMI y llegó a acusar a los inmigrantes de ser los culpables del desajuste en la gestión tras las novedades introducidas.
Mantener la prestación
El desconcierto fue tal que Mena rectificó en el capítulo de pagos (en septiembre se abonó mediante transferencia bancaria) y compareció en el Parlament para dar explicaciones de su gestión. En agosto, una gran parte de los beneficiarios no cobraron. Además, el cambio de criterios de la RMI dejó sin prestación a unas 9.000 familias, tal y como denunciaron los agentes sociales en su momento.
“No queremos que la nueva ley deje de nuevo a personas sin prestación”, afirma la secretaria socioeconómica de CCOO, Cristina Faciaben. Recuerda que la RMI es un “logro sindical” y que está planteada como una “renta de supervivencia” que no se puede tener en cuenta sólo con criterios económicos en el entorno actual. Es decir, limitar de nuevo el número de personas beneficiarias por un recorte de partida. También piden que la nueva responsable de Benestar Social i Família, Neus Munté, no se desentienda de las decisiones de Puig como hizo el conseller en la pasada legislatura, Josep Lluís Cleries.
