PSOE y Unidas Podemos pactan unos presupuestos con subidas de sueldos, pensiones y prestaciones
Los socios de Gobierno han incluido nuevas medidas que incluyen 100 euros para madres con hijos de 0 a 3 años y una mejora sustancial de las prestaciones por desempleo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. EFE/ Kiko Huesca
El PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo esta madrugada para aprobar este martes los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2023 en el Consejo de Ministros. Así, los socios de Gobierno han podido resolver los «flecos» que les separaban en esta tercera aprobación de presupuestos de la coalición.
El acuerdo, según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación, se formalizará este martes en una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y, posteriormente, será sometido a Consejo de Ministros para su aprobación.
Tras largas negociaciones, ambas formaciones esperan poder aprobar los PGE con los respaldos habituales del PNV, ERC, Más País, Compromís y EH Bildu.
Nuevas medidas
Como novedad, los socios de Gobierno han incluido nuevas medidas que incluyen 100 euros para madres con hijos de 0 a 3 años -ahora mismo fijada solo para madres trabajadoras- y una mejora sustancial de las prestaciones por desempleo.
Como novedad, los socios de Gobierno han incluido nuevas medidas que incluyen 100 euros para madres con hijos de 0 a 3 años -ahora mismo fijada solo para madres trabajadoras- y una mejora sustancial de las prestaciones por desempleo. El acuerdo contempla también el compromiso de tramitar urgentemente una ley de familias que, que incluirá nuevos permisos de conciliación, como uno para cuidadores y otro para atender circunstancias familiares imprevistas.
Las cuentas públicas para 2023 garantizarán el poder adquisitivo de pensionistas y mejorarán las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos, según fuentes consultadas por Efe, que destacan también que la sanidad, la educación, la dependencia y las becas serán ámbitos donde el Ejecutivo hará especial hincapié.
Las cuentas de 2023 incorporarán también los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que pretenden orientar la economía española hacia un modelo «más digital, más verde y más productivo».
El pasado mes de julio el Gobierno aprobó un techo de gasto para 2023 de 198.211 millones de euros, un máximo histórico que supera en un 1,1 % el de las cuentas de 2022, con una referencia de déficit del 3,9% del PIB, 1,1 puntos menos que lo que se espera para este ejercicio.
Todo apunta a que las cuentas del próximo ejercicio incluirán una revalorización de las pensiones conforme al IPC, así como una subida salarial para los empleados públicos del 2,5%, a la que se podría sumar un 1% adicional en función de la evolución del producto interior bruto (PIB) y la inflación, según el acuerdo cerrado este lunes.
También incorporarán una transferencia a la Seguridad Social de 19.888 millones, un 8,1% superior a la de 2022, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, pero no la extensión de las medidas para atajar la inflación -como la bonificación del carburante o la bajada del IVA eléctrico-, que se decidirá a final de año.
Paquete fiscal
Por el lado de los ingresos, la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, presentó la pasada semana su paquete fiscal, que en parte será incluido en el texto presupuestario, como las nuevas bonificaciones en el IRPF para rentas por debajo de los 21.000 euros.
El paquete también incluye un aumento de la tributación para las rentas del capital a partir de 200.000 euros, la rebaja del impuesto de sociedades para micropymes, la bajada del IVA para productos de higiene íntima femenina, preservativos y anticonceptivos no medicinales, rebajas en el IRPF para autónomos o una limitación temporal a la compensación de pérdidas dentro de los grupos empresariales.
En cambio, el nuevo impuesto para los patrimonios de más de tres millones de euros tendrá que tramitarse en una ley independiente, igual que sucedió con los gravámenes para la banca y las energéticas, recogidos en una proposición de ley actualmente en tramitación en el Congreso.
