PSOE y Podemos mantienen atascadas 21 leyes para esquivar el debate en el Congreso

Hasta 21 proyectos de ley están en un limbo legislativo en el Congreso desde hace semanas. El funcionamiento interno del Congreso, mediante la aprobación de la Mesa, ha permitido a los dos partidos que integran el Gobierno y copan este órgano a mantener en stand-by un grupo de leyes para evitar el debate y que la legislación no sea enmendada por el resto de formaciones.

Son, en este caso, reales decretos leyes -una fórmula de legislar pensada para momentos de excepcionalidad- que la Cámara aprobó con la condición de que se tramiten como proyectos de ley y que la Mesa mantiene paralizado ampliando trámites de enmiendas, que tienen una duración de una semana, sine die y nunca se llegan a debatir.

Tanto que, en determinados casos, llevan atascados cerca de dos años. Sucede con el proyecto de ley de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del Covid-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, procedente del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, que va por la 79ª ampliación de su plazo de enmiendas, o el proyecto de ley de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, procedente del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, que va por su semana hábil número 62 en el Congreso.

Proyectos de ley sin informes preceptivos

Fuentes del Grupo Popular en el Congreso han recopilado todas estas tramitaciones en el limbo para recoger sus quejas y señalar que se está «cercenando» la labor del Congreso. El problema es que, si estas tramitaciones continúan en esta situación para cuando finalice la legislatura, decaerán y las leyes quedarán en vigor tal y como se diseñaron en Moncloa.

Además, hay proyectos de ley del Gobierno y calificadas por la Mesa que carecen de algunos informes preceptivos. Es el caso, según afirman fuentes populares, de la ley del aborto, que no tiene el informe preceptivo del CGPJ, o la reforma del Código Penal que afecta al maltrato animal en la ley de Bienestar Animal.

Los populares también censuran el uso generalizado del trámite de urgencia sin comparecencias, que acorta los plazos a la mitad e impide escuchar a expertos y a la sociedad civil. Ahora se tramitan con urgencia, por ejemplo, la ley del aborto, la de Bienestar Animal, la mencionada reforma del Código Penal o la ley trans, lo que implica para los populares «debates acelerados» incluso en normativas que generan gran controversia.

Si es urgente, se reducen los plazos

El «abuso» del real decreto ley, el empleo de la proposición de ley para esquivar informes preceptivos o la falta de comparecencias en la tramitación, que impiden a la sociedad y los sectores implicados pronunciarse en la Cámara Baja, «debilita» la calidad de las leyes y pone en riesgo su seguridad jurídica, según el PP.

Sucede, a su parecer, con, por ejemplo, la ley de eutanasia, la derogación del artículo 315 del Código Penal y dos reformas del Consejo General del Poder Judicial, que fueron tramitadas desde los grupos de PSOE y Podemos, y no desde el Gobierno, que está obligado a requerir informes de varios organismos.

La ausencia de informes podría derivar incluso en nulidades. Los populares se refieren al caso de la reforma del CGPJ, donde este órgano solicitó informar y no pudo hacerlo pese a estar amparado por el derecho comunitario. Además del fondo de la reforma, que recortó las competencias del CGPJ con el mandato caducado, el PP tiene recurrido al TC este extremo.

Esta forma de tramitación, una proposición de los grupos, es también la usada en el impuesto a las energéticas y a la banca que actualmente tramita el Congreso y que por ejemplo carece de informes del Banco de España o la Agencia Tributaria.