PSOE y Ciudadanos cierran filas con Rajoy para resistir a Puigdemont

En Madrid se detecta un sórdido cansancio con la crisis catalana. Pero hay un consenso sólido: se debe asumir que para consolidar una cierta recuperación de la normalidad institucional en Cataluña no queda más remedio que cumplir los plazos y los extraños rituales del secesionismo.

El cansancio ante tanto y tan reiterado despropósito no ha erosionado el apoyo de las fuerzas constitucionalistas al Gobierno. Lealtad constitucional pero además conveniencia política. Ni Ciudadanos ni el PSOE, aunque quisieran, podrían levantar ese apoyo porque sus electores se lo demandan. Nadie entendería una deserción, aunque el proceso resulte agotador y esté secuestrando el debate político general.

Un Estado moderno, democrático y sólido tiene enfrente un proceso secesionista que no está atado a ninguna norma ni regla, salvo la de la amenaza de cárcel. Pero como los principios se envuelven en papel celofán para poderles dar la vuelta pretendiendo que no se note la mutación, la lucha es desigual. Con ventajas e inconvenientes para los dos bandos en liza. Los sediciosos pueden fingir, jurar leyes que no cumplirán, decir una cosa y la contraria sin pagar peaje por ello. No les afecta aparentemente el deterioro social y económico causado ni que pueda empeorar con sus actuaciones. No se deprimen por el vacío institucional ni por la caricatura en que se ha convertido su “legítimo president “en su fuga que quiere ser exilio en Bruselas. No enrojecen con todas las piruetas para pretender nada menos que una investidura de gobierno telemática.

Su debilidad es que los plazos corren y la amenaza de una repetición de elecciones que no desean les marca una primera estación término.

El Gobierno y las fuerzas constitucionalistas están atados inexorablemente a la ley. No pueden actuar al margen de ella al contrario que sus oponentes. Y algunas presiones, como la necesidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, cuya llave tiene el PNV. No lo hará el partido vasco mientras no se retire el artículo 155 que solo caducará cuando haya un gobierno en Cataluña. No es una ecuación fácil.

Factores a considerar

Los dirigentes del procés tienen la ventaja de que muchos de sus seguidores viven la política de forma fanática, como un proyecto vital al que dedican tiempo y esfuerzos. En consecuencia, se  perdonan casi todas las contradicciones porque el fin supremo que persiguen les alivia de compromisos de coherencia. La añorada estación final requiere aguante y sacrificio, mascullan.

Nadie pide cuentas a los que aparentan abandonar sus principios y posiciones para evitar la acción de la Justicia. Como es un movimiento con trampas permitidas, que ha renunciado a la épica de las consecuencias incómodas, faltar a la palabra puede ser la norma.

El último movimiento de aparente abandono lo ha protagonizado el ex conseller de Interior, Joaquim Forn. Renuncia a su acta de diputado como vía para salir de prisión. Nada menos que quien dirigía los Mossos durante la confrontación institucional de septiembre y octubre. Una de las piezas fundamentales del organigrama de la sedición, abandona y dice o finge renunciar a la vía unilateral tan solo para salir de la cárcel de Estremera.

El nuevo president del Parlament, Roger Torrent, ha hecho un discurso de conciliación para a continuación estrenar su administración sectaria y partidista de su cargo. Tirará de la cuerda todo lo posible hasta que sus actos le conduzcan al Tribunal Supremo.

Pablo Llarena, el magistrado instructor de la causa en el Tribunal Supremo ha demostrado competencia y cintura. Es un hecho que las responsabilidades penales son personales. No pueden perjudicar a personas por hechos protagonizados por terceros. Pero las medidas preventivas no forman parte de las consecuencias penales ni de la estructura del delito, sino que son medidas cautelares tasadas para impedir reiteración delictiva, destrucción de pruebas y riesgo de fuga. En consecuencia, objetivamente la fuga de Puigdemont y los demás huidos no penaliza a quienes no lo han hecho. Pero alimentan las sospechas de lo que podría significar conceder libertad condicional a quienes están en prisión.

Eso lo sabe Oriol Junqueras, que ha echado en cara a Puigdemont de manera soterrada que escapara sin avisarle siquiera.

Sería legítimo, razonable y legal que el magistrado Llarena hiciera oídos sordos a los cantos de sirena de Forn y de quienes afirmen que dan un paso lateral sin mostrar acatamiento explícito a la Constitución y dejar de formar parte de la organización que colectivamente ha impulsado un proceso contra la ley. De alguna forma hay que acabar con el jueguecito del ratón y el gato de gentes tan tramposas y tan poco de fiar.

Sería razonable que Llarena hiciera oídos sordos a los cantos de sirena de Forn

De momento, el Estado resiste sin síntoma de fatiga en los materiales que hagan peligrar el estatus construido con la aplicación del 155. Es posible que estemos en vísperas de una nueva entrega del culebrón parlamentario secesionista, con trasgresiones del reglamento del Parlament y reacciones del Gobierno y del Tribunal Constitucional. Se soporta esta fortaleza también en que se ha conseguido que la opinión pública internacional no haya puesto en duda el respaldo a las medidas adoptadas.

En los medios políticos de Madrid el hartazgo se soporta porque no queda más remedio. Y una de las esperanzas a medio plazo es que el deterioro producido por la persistencia secesionista termine por causar deterioro en el apoyo de la parte de la sociedad catalana al procés. Un rito doloroso porque seguirá alimentando costes a la economía y al empleo en Cataluña. Y también al conjunto de España. No hay otra vacuna contra el fanatismo que la reiterada colisión con la realidad. No queda otra que perseverar. Quien aguante, ganará.