El PSOE frena la reforma de la ley Mordaza por el tirón de Vox en los sindicatos policiales

Uno de los mayores compromisos del Gobierno en esta legislatura, la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como la ley Mordaza, está siendo una piedra con la que los grupos que componen el Ejecutivo y sus socios habituales no paran de tropezar una y otra vez. La negociación está siendo ardua, tanto que ha peligrado en muchas ocasiones y, según confirman fuentes presentes en el proceso parlamentario a Economía Digital, está lejos de suceder.

Esta reforma, uno de los arietes con los que las fuerzas de izquierda pretenden marcar agenda de cara al año electoral que se enfrentan, junto a la ley de Vivienda -con mucho mejor porvenir, según las mismas fuentes-, se está enquistando por varios motivos. Tanto, que los partidos que están a favor -PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts, PNV y EH Bildu- tuvieron que darse una semana más in extremis de trámite parlamentario en la fase de ponencia antes de elevarlo a comisión para que no decayese, porque hay cuatro puntos sobre los que no se acercan las posturas e impiden la fumata blanca.

Son, en concreto, los relativos al material antidisturbios, las devoluciones en caliente, las infracciones por desobediencia y resistencia a la autoridad, así como las faltas de respeto a la autoridad. Son reformas fundamentales para ERC y Bildu, pero fuentes de la negociación señalan que el PSOE está resistiendo por no calentar el ambiente en las asociaciones sindicales de policías, que no han sido consultadas para el proceso, según denuncian ellas mismas en redes sociales, y donde Vox tiene un predicamento sin parangón en comparación al resto de grupos. La idea socialista es, dentro de lo posible, calmar las aguas, porque son conscientes de que su electorado, de cara a los comicios de mayo, no se ve reflejado en esta reforma de la misma manera que sí lo hacen los votantes de otros grupos de izquierda.

Evitar imágenes innecesarias

Los sindicatos policiales se encuentran muy movilizados y muy politizados durante sus concentraciones. Esa imagen, en año electoral, es lo que pretende evitar el PSOE en la medida de lo posible, al igual que sucedió durante otro momento importante en la agenda del Gobierno de Pedro Sánchez: la cumbre de la OTAN en Madrid el pasado mes de junio.

Entonces, Moncloa se esmeró en que no hubiese imágenes de altercados, más allá de las concentraciones, que no intentaron parar. De hecho, se llegó a celebrar una marcha motera, auspiciada por Justicia Salarial Policial (Jusapol, una plataforma de policías y guardias civiles que exige una equiparación retributiva a otros cuerpos de seguridad), que empezó anunciando 3.000 asistentes y finalmente congregaron a poco más de 200. Ahora, la idea es continuar en la misma línea.

Convencer a Bildu y ERC de los cambios

Sin embargo, el tic-tac del reloj se acelera, dado que este pasado martes todos los partidos, tanto las fuerzas partidarias de una nueva ley como los que no -PP, Vox y Ciudadanos- celebraron una tercera sesión de la ponencia parlamentaria que, si bien se preveía como la última cita antes de elevar el dictamen a la Comisión de Interior, tuvo que ser pospuesta y emplazarse a una nueva el próximo martes 31 de enero ante la falta de acuerdo entre los socios.

Sin el sí de ERC y Bildu, el Gobierno estaría en un serio aprieto. Los votos de ambas fuerzas son clave para sacar adelante la prometida reforma de la ley Mordaza -ya todas las partes implicadas dan por imposible la completa derogación-, incluida en el pacto de coalición de Gobierno, ya que al tratarse de una ley orgánica el pleno del Congreso debe respaldarla por mayoría absoluta -176 votos-.