PSOE y Podemos retienen 23 leyes en el limbo para evitar su debate en el Congreso

La parálisis de la actividad parlamentaria en enero, mes inhábil en el Congreso y el Senado, no ha aligerado la carga de trabajo que normalmente ocupa a las Cámaras. Así, hasta 23 proyectos de ley están en un limbo legislativo en el Congreso desde hace semanas. El funcionamiento interno, mediante la aprobación de la Mesa, ha permitido a los dos partidos que integran el Gobierno y copan este órgano a mantener en stand-by un grupo de leyes para evitar el debate y que la legislación no sea enmendada por el resto de formaciones.

Son, en este caso, reales decretos leyes -una fórmula de legislar pensada para momentos de excepcionalidad- que la Cámara aprobó con la condición de que se tramiten como proyectos de ley y que la Mesa mantiene paralizado ampliando trámites de enmiendas, que tienen una duración de una semana, sine die y nunca se llegan a debatir.

Tanto que, en determinados casos, llevan atascados cerca de dos años. Sucede con el proyecto de ley de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del Covid-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, procedente del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, que va por la 94ª ampliación de su plazo de enmiendas, o el proyecto de ley de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, procedente del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, que va por su semana hábil número 77 en el Congreso.

«Mal uso de la técnica legislativa»

Podría parecer algo menor: una iniciativa que, por el devenir de la actualidad, ya no es tan relevante. Pero el problema es que, si estas tramitaciones continúan en esta situación para cuando finalice la legislatura, decaerán y las leyes quedarán en vigor tal y como se diseñaron en Moncloa, sin que el debate tenga cabida dentro del poder legislativo y se establezcan a deseo de otro poder, el ejecutivo.

Fuentes del Grupo Popular en el Congreso han recopilado todas estas tramitaciones en el limbo para recoger sus quejas y señalar el «mal uso» que se está dando de la técnica legislativa. Otro ejemplo, a sus ojos, es el abuso de ello con las proposiciones de ley frente a los proyectos de ley en los meses de noviembre y diciembre de este año.

«Es un exceso», arguyen, y ponen de ejemplo la reforma del Código Penal, cuya forma era «una proposición de ley orgánica con una trasposición de directivas europeas, pero se ha modificado el Código Penal sin ningún informe. Todo ello sin que intervenga la Comisión de Codificación, ningún ministerio, nada», critican.

«No es ordenación del trabajo, es bloqueo»

No sólo con respecto a la reforma de los delitos de sedición y malversación, sino también a la penalización del acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo, lo referente a la ley de igualdad de trato y no discriminación, o la derogación del artículo 315, apartado 3, del Código Penal. Incluso también en las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

«Lo que se acordó en esta Cámara en muchos casos no se llevará a cabo porque se bloquea en la Mesa», insisten fuentes de la dirección del grupo popular. «Es más que manifiesto que no hablamos de una ordenación de los trabajos parlamentarios, sino bloqueo para que nunca se lleven a cabo».

No es la única queja de los populares, que han querido poner el foco en la utilización continua de la vía de la urgencia. En este caso, sí han movido ficha dentro del Congreso y han pedido que la solicitud de la misma tenga que ser razonada y la concesión, motivada. Porque si no se pueden valorar informes o consideraciones durante el trámite parlamentario -en enmiendas o en ponencia-, el PP entiende que afecta a los derechos de los diputados. «La urgencia lleva a una reducción de trámites, pero sólo se reducen los plazos que afectan a la defensa de nuestros derechos como diputados».

135 reales decretos ley de Sánchez

Así, han cifrado en 135 los reales decretos ley que ha llevado a cabo el Gobierno desde que Pedro Sánchez es presidente, no sólo en la legislatura actual. Cuando llegó a Moncloa tras la moción de censura legisló 35 veces de esta manera; en la legislatura intermedia, 7 ocasiones, y en la actual, de momento, hasta en 93 veces.

«Algunos justificados, otros no. Tiene que legislar el legislador, no el Ejecutivo, qué está usurpando las competencias, colonizando«, ha atacado la dirección del grupo popular.

El «abuso» del real decreto ley, el empleo de la proposición de ley para esquivar informes preceptivos o la falta de comparecencias en la tramitación, que impiden a la sociedad y los sectores implicados pronunciarse en la Cámara Baja, «debilita» la calidad de las leyes y pone en riesgo su seguridad jurídica, según el PP.