PSOE y Podemos pugnan ahora por cuatro leyes sociales a las puertas de los PGE

La negociación de los Presupuestos Generales de Estado (PGE) es tan etérea que, mientras sucede, casi cualquier cosa es susceptible de cambiar el clima político con el que se está celebrando. Así, tras una euforia que duró unos minutos tras alcanzar los dos socios de coalición un acuerdo para el paquete fiscal de las nuevas cuentas, el ambiente entre PSOE y Unidas Podemos se ha vuelto a enrarecer en torno a cuatro leyes, ahora de carácter social, que este próximo jueves se debaten en el Congreso y que son mollares para ambos grupos.

No son cualquier proyecto legislativo: se trata de las conocidas como ley Trans, ley de Bienestar animal, ley del aborto y una modificación del Código Penal en cuanto a maltrato animal. En esta ocasión, han de pasar el trámite de los debates de las enmiendas de totalidad presentadas, una prueba de fuego para salvar cada uno de los textos.

Y, en plena pugna tras los últimos movimientos legislativos en el seno del Gobierno, en el que los socialistas reclaman la autoría -y autonomía sobre su decisión- sobre algunos de los tributos nuevos, como el llamado «impuesto de solidaridad», ambos socios son conscientes de la carga que implican estas cuatro leyes, que requieren una alta significación ideológica y en materias en el que el PSOE, de manera orgánica, no se pone de acuerdo, como en la ley Trans o en lo que a los animales de caza respecta en Bienestar animal.

Ser «de izquierdas» o no ser

«Más les vale [al PSOE] ser de izquierdas si quieren que haya PGE», resumen desde Podemos en conversación con Economía Digital. En la bancada socialista se limitan a mostrar su «absoluta tranquilidad» porque, al ser debates de totalidad, «se entiende que es la puerta a poder empezar a debatir y analizar las leyes en el Congreso».

Pero son días clave, por la importancia que cobra todo: la cuenta atrás oficial del reloj para la presentación de las cuentas en tiempo y forma ya ha concluido, dado que, tradicionalmente, debe ser en septiembre, tres meses antes de que venzan los que se encuentran en curso. Sin embargo, el objetivo último es que las cuentas estén aprobadas el 31 de diciembre.

De hecho, según fuentes presentes en aquella negociación entre los socios de Gobierno en 2021, el año pasado ambos partidos cerraron su acuerdo «justo antes de entrar en el Consejo de Ministros tras el que se anunciaron», esto es, noviembre. Por eso, por la experiencia previa, no es algo que asuste, aunque consigue que cualquier cuestión de actualidad acabe pasando por esta negociación.

Sólo acuerdo en ingresos

Consultados por ello, distintos cargos de Podemos sonríen en privado por la manera de negociar del PSOE, siempre ajustados hasta el último minuto. Además, en el caso de que el acuerdo se retrase y los PGE no sean presentados en breve, durante el mes de octubre, no es óbice para que se puedan aprobar. Fuentes parlamentarias explican a este periódico que es posible acelerar trámites eliminando o acortando plazos y llegar al objetivo real, que es aprobarlos antes del 31 de diciembre.

Fuentes presentes en la negociación entre los dos socios de Gobierno para el proyecto de cuentas públicas del pasado curso admiten su total pragmatismo respecto al estado de la negociación, que de momento sólo ha concitado acuerdo en la parte de ingresos, porque, tal y como informó este periódico, siguen trabajando en las medidas que se incluyen en el lado del gasto público, que será la que incluya políticas que beneficien a las rentas más bajas.

En este punto juega un papel clave otra de las banderas de los acuerdos de la coalición, la ley de familias, según explican fuentes de la formación morada a Economía Digital. Esta ley, que estaba previsto que empezase a tramitarse en septiembre, incluye una prestación universal por crianza, la ampliación de las bajas por maternidad y paternidad y la equiparación a familias numerosas a las familias que tengan algún hijo con discapacidad.