PSOE, Podemos y Bildu maniobran para quitar las ayudas a empresas deslocalizadas
La cámara baja aprueba que la próxima Ley de Industria establezca condiciones para recuperar las ayudas públicas y evitar así otro caso como el de Ferrovial
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, conversa con la titular de Hacienda, María Jesús Montero, durante el pleno que se celebra este jueves en el Congreso. EFE/ J.J.Guillen
La ley antiferrovial está en marcha, pero la compañía que preside Rafael del Pino se librará. Puede trasladar su sede a Países Bajos sin problemas legislativos. En cambio, las futuras empresas que pretendan seguir su ejemplo no lo tendrán tan fácil. El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una enmienda transaccional, impulsada por PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu, en la que se establece que la próxima Ley de Industria debe incluir condiciones para recuperar las ayudas públicas recibidas en caso de deslocalizar su actividad o no mantengan los puestos de trabajo.
Las medidas tendrán que detallarse en el desarrollo de la futura norma. Se trata de una enmienda transaccional a una proposición no de ley presentada por el partido vasco que insta al Gobierno a incluir una legislación específica para evitar casos como el de Ferrovial. Exige la «configuración de un entorno regulatorio atractivo para promover la constitución de empresas y la inversión extranjera y, a su vez, a elaborar y desarrollar, mediante (…) legislación específica para condicionar la recepción de apoyo y ayudas publicas por parte de las empresas a que no haya reubicación o deslocalización de la actividad».
En concreto, la ley tendrá que establecer el reintegro de ayudas recibidas durante un determinado periodo de tiempo, teniendo en cuenta la jurisprudencia y la normativa de la Unión Europea. «Las ayudas quedarán condicionadas al mantenimiento del empleo, por lo que el incumplimiento de esta obligación conllevará igualmente el reintegro de la ayuda recibida», dicta el texto, que ha salido adelante en la cámara baja con 175 votos a favor, 158 votos en contra y once abstenciones.
La ‘ley antiferrovial’ que quería Podemos
Tanto PSOE como Unidas Podemos mostraron su rechazo a la marcha de Ferrovial y, de hecho, los morados ya hablaron entonces de llevar a cabo una ley que obligara a las empresas públicas que se trasladaran que devolvieran las ayudas. «Los españoles y las españolas salvamos con dinero público de nuestros impuestos a Ferrovial durante la pandemia mediante el mecanismo de los ERTEs, por poner tan solo un ejemplo de las múltiples ayudas públicas que ha recibido esta multinacional a lo largo de las últimas décadas», señaló entonces el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique.
La propuesta de los de Ione Belarra tenía como fin recuperar las subvenciones otorgadas durante los diez años anteriores a la decisión de abandonar el país. Y querían incluir también intereses de demora en la norma. Esta medida haría referencia, por ejemplo, a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) que se usaron durante la pandemia de coronavirus para impedir despidos.
