El PSOE amenaza la unidad de voto en el Congreso sobre la Ley del ‘sí es sí’
Tras su aprobación en Consejo de Ministros, la norma se trasladará en septiembre al Congreso donde será debatida y votada su tramitación
La ministra de Igualdad, Irene Montero, se anota otro tanto este martes al aprobar el Consejo de Ministros la Ley del ‘sí es sí’ o Ley de Libertad Sexual frente a las reticencias iniciales de la vicepresidenta Carmen Calvo.
Sin embargo, el PSOE no garantiza la unidad de voto en septiembre cuando se introduzcan enmiendas en la norma para ser votada por el resto de grupos en el Congreso de los Diputados.
Según ha podido saber Economía Digital de fuentes socialistas, a Unidas Podemos le gustaría ir «más allá» en lo que respecta a esta norma y podría introducir «determinadas medidas» en el trámite parlamentario que no han convencido a los socialistas y, de ahí, que se hayan quedado fuera en su aprobación por el Consejo de Ministros.
La norma sigue siendo polémica para algunos juristas y un sector socialista porque en la nueva redacción, a pesar de que se supriman adjetivos y carga enfática, desde el punto de vista jurídico mantiene los mismos problemas para determinar si ha habido un delito sexual: la existencia de pruebas y no el mero testimonio, según indican.
Las claves
Además de actualizar la tipificación de los delitos sexuales, la ley de libertad sexual considerará como violencia sexual la agresión, el acoso, el exhibicionismo, el acecho o acoso callejero, la provocación sexual, la prostitución ajena, la explotación sexual, la corrupción de menores, la mutilación genial femenina, el matrimonio forzado, el feminicidio sexual y, en el ámbito digital, la violencia sexual transmitida por medios tecnológicos, la extorsión sexual y la pornografía no consentida.
«Las víctimas ya no tendrán que acreditar que se han resistido o que ha habido violencia», explican fuentes del Ministerio de Igualdad. Al igual que hizo la ley contra la violencia de género, esta legislación entiende la violencia como sexual un problema estructural y público, no privado.
El Gobierno pretende además con esta norma acabar con la impunidad de la industria proxeneta endureciendo el Código Penal para perseguir todo tipo de proxenetismo y castigar a quienes se lucran del alquiler de locales donde se produce explotación sexual.
Éste ha sido otro punto polémico entre el feminismo del PSOE y el de Podemos. Irene Montero es una declarada ‘abolicionista’, y en el socialismo tradicional conviven esta visión y la reguladora.
La norma, además, también tendrá un apartado dedicado a los menores contemplando la creación de «casas de niños» para atender de forma especializada a los menores víctimas de violencia sexual.
Una Ley plagada de tensiones
La ley del ‘solo el sí es sí’ ha tenido una larga tramitación plagada de tensión entre ministros del PSOE y Podemos. El ex vicepresidente Pablo Iglesias llegó a decir que detrás de las «excusas técnicas» planteadas había «mucho machista frustrado«, en relación al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
También desde Unidas Podemos señalaron a Calvo e insistiendo en que «no asumía todavía que Irene Montero tenga Igualdad». Ambos ministros socialistas advirtieron de todo tipo de errores técnicos, y el equipo de la vicepresidenta llegó a rectificar hasta un tercio del texto. Tampoco recibió el visto bueno de los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska y de Defensa, Margarita Robles.
Incluso, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha estudiado con contundencia la medida se opuso a los dos asuntos centrales del texto: la redacción del consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso y violación. El informe, que no era vinculante, alertaba de que se modificaban «de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia«. Según ellos, se podría también estar desprotegiendo jurídicamente a la víctima, al no diferenciar entre diferentes delitos.
Tras 16 meses después de que comenzase todo el proyecto, la ley ha recibido el visto bueno de todos los ministerios que estaban involucrados y en septiembre se espera su tramitación en el Congreso. Será ahí donde puedan surgir tensiones entre los socios de Gobierno, si los socialistas se ponen de perfil ante las enmiendas que introduzcan los morados para su tramitación parlamentaria.
La norma impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha presentado este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros sin su autora intelectual. ED ha consultado a fuentes del Ministerio y enseguida le han remitido a la Secretaría de Estado de Comunicación porque «son ellos quienes deciden qué ministros salen en las ruedas de prensa».
Desde la SEC no han querido darle importancia al tema señalando que «se han aprobado más cosas» y, por lo tanto, hay otros ministros que tampoco están en la rueda pese a que se hayan tramitado asuntos suyos.
