El PSOE deja fuera de los PGE la regulación del alquiler y cabrea a Podemos
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se ha tenido que poner a los mandos de las negociaciones por la Ley de Vivienda desplazando a la ministra de Transportes
Las ministras de Economía, Nadia Calviño, y Trabajo, Yolanda Díaz, conversan durante una sesión en el Congreso de los Diputados | EFE/CM/Archivo
Pedro Sánchez quiere aprobar el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como muy tarde, la primera semana de octubre en Consejo de Ministros. Bajo esa premisa trabajan varios ministerios a toda celeridad.
El ‘ala socialista’ en el Gobierno está dispuesta a excluir algunas medidas que dificultan en estos momentos las negociaciones con sus socios, como la regulación de los alquileres y Unidas Podemos se lo ha tomado «muy mal», advierten desde el partido.
«Es una propuesta que han puesto sobre la mesa (el PSOE) y que nosotros hemos rechazado. No vamos a ceder», esgrimen fuentes del partido morado a Economía Digital. Unidas Podemos ya ha contratacado a esta propuesta y ya han hecho saber a los socialistas que exigen más cumplimientos del pacto de coalición.
Los morados dan por hecho que la aprobación de la cuentas se retrasará, mientras los socialistas aspiran a que «como muy tarde» se lleve al Consejo de Ministros el próximo 5 de octubre.
La Ley de Vivienda viene coleando con malestar en el seno del Ejecutivo desde antes que negociaran el exvicepresidente Pablo Iglesias y el exministro José Luis Ábalos. La regulación del precio de los alquileres se ha convertido en el actual ‘caballo de Troya’ que impide al Ejecutivo avanzar en las negociaciones para aprobar ya el borrador de los PGE y presentarlo en el Congreso.
Los socialistas no dan su brazo a torcer en este aspecto, principalmente porque se han comprometido ante varios fondos y empresas a no acometer de inmediato dicha reforma, según ha podido saber Economía Digital.
Desde este sector del Ejecutivo han trasladado a sus socios morados excluir la medida del anteproyecto y negociar dicha regulación en comisión bilateral en cumplimiento con el pacto de Gobierno de coalición.
Pero, desde Unidas Podemos y según ha podido saber Economía Digital se niegan en rotundo asegurando que «forma parte de la hoja de ruta del Gobierno y se debe cumplir». Los morados con Yolanda Díaz a la cabeza no van a ceder, mientras que los socialistas insisten en que las cuentas públicas «se van a aprobar en tiempo y forma».
Solo quedan dos semanas para negociar el borrador de los Presupuestos y desde las dos formaciones constatan que «no ha habido avances significativos» en las reuniones a puerta cerrada celebradas hasta el momento.
Calviño contra Díaz y los sindicatos
La vicepresidenta primera y ministra económica, Nadia Calviño, ha sido de los pocos dirigentes por parte del PSOE que han salido estos días a dar la cara ante lo, según consideran, que «no tiene sentido».
«No tiene sentido vincular una ley como la de la vivienda a las cuentas públicas, necesarias para asegurar la recuperación económica y canalizar los fondos europeos», destacó la vicepresidenta.
A esta confrontación se han sumado indirectamente los sindicatos con su propuesta para intentar desatascar el avance de la medida. Según ha podido saber Economía Digital, los principales sindicatos proponen que se puedan limitar las alzas de los precios del alquiler en las zonas consideradas como tensionadas.
Estas áreas serían aquellas en las que los precios medios del alquiler superasen el 30% de los ingresos medios, o aquellas en las que en cinco años se acumulase un crecimiento de las rentas de al menos tres puntos por encima de la tasa interanual del IPC de la comunidad autónoma correspondiente. En estos casos, los ayuntamientos podrían establecer topes máximos a partir del índice oficial de precios.
Asimismo, los sindicatos apuestan por la creación de un registro de contratos del alquiler, la posibilidad de que los ayuntamientos lleven a cabo un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de las viviendas vacías de los grandes tenedores, una modificación de la Ley Concursal para reducir los desahucios por impago de la hipoteca y un cambio en el régimen fiscal para que las Socimis tributen en el régimen general.
Bolaños en lugar de Raquel Sánchez
Las negociaciones han llegado a tal punto, en este aspecto, que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que es quien lidera las conversaciones con Podemos, se ha visto desplazada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para tratar de adelantar el acuerdo.
Podemos discrepa enormemente con la sucesora de Ábalos respecto a la Ley de Vivienda. Fuentes del partido no se explican cómo la ministra, antes alcaldesa de Gavá, «aprobó medidas para el control de los alquileres cuando ahora es la que entorpece las negociaciones en este punto», critican sin disimulo.
Los socialistas esperan estos días que Podemos recule y se muestren abiertos a sacar este punto fuera del borrador de los Presupuestos. Las formaciones llevan negociando la Ley de Vivienda siete meses y si los plazos se hubieran cumplido, la norma ya hubiera estado aprobado desde febrero.
Cabe recordar que esta norma sirvió para desbloquear la negociación de los Presupuestos del pasado ejercicio y ahora amenaza con ser uno de los escollos para no registrar las próximas cuentas públicas a tiempo.
El Impuesto de Sociedades y la reforma fiscal
Las negociaciones no están siendo fáciles tampoco en el ámbito fiscal, ya que Unidas Podemos reclama que se incluya ya la reforma fiscal en los Presupuestos de 2022, si bien el Ministerio de Hacienda lo descarta, aunque fuentes del departamento de María Jesús Montero confirman a Economía Digital que podrían incluirse “medidas puntuales”.
La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, celebró que el PSOE se abriese por primera vez a fijar un impuesto mínimo del 15% en los Presupuestos, recordando que los trabajadores abonan el 15% de tipo medio efectivo en IRPF, las pymes un 16% y las grandes empresas solo un 7%.
Sin embargo, fuentes gubernamentales y del Ministerio de Hacienda señalan a Economía Digital que no está confirmada la incorporación de un tipo del 15% en Sociedades en los PGE y recuerdan que el Gobierno ya ha apoyado el tipo mínimo en Sociedades a nivel internacional tras el consenso de la OCDE y el G-20. Lo volverá a respaldar de nuevo a finales de octubre en la cumbre del G-20 en Roma.
En Hacienda recuerdan que hay un comité de expertos creado desde el pasado mes de febrero y la intención de Hacienda es esperar a sus conclusiones para poder acometer a futuro una reforma tributaria de calado que podría responder en mayor medida a las peticiones de Unidas Podemos
El Gobierno dio de plazo hasta el 28 de febrero de 2022 al Comité de 17 expertos configurado para la reforma fiscal para que presenten sus conclusiones con el fin de impulsar la reforma del modelo tributario español y del sistema de financiación económica.
De hecho, tanto la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han dejado claro en varias ocasiones que “no es el momento” de subir los impuestos y que la pretendida reforma fiscal en profundidad no se acometerá hasta el año que viene, una vez se disponga de las conclusiones de los expertos.
