El PSOE calla a Podemos con un plan para 2030
Los socialistas permiten que Podemos se anote un tanto con la empresa pública de energía y la letra pequeña señala que hasta el 2030 no podrían hacer nada
Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en un acto. Foto: EFE
El PSOE pone un parche veraniego a la ‘guerra’ que mantiene con Unidas Podemos en el seno del Gobierno sobre el precio de la luz y la reforma energética. Los morados se indignaron esta semana cuando España mantiene récords históricos de subidas en el precio de la luz y el Ejecutivo se Sánchez le echa la culpa al Gobierno de Mariano Rajoy.
Al fin y al cabo, Podemos forma parte del Gobierno y, tal y como publicó Economía Digital, ellos mismos se sinceran asegurando que «hasta el momento solo hemos puesto parches», en referencia a las medidas aprobadas hasta el momento. De ahí que amenazaran esta semana a la parte socialista con salir a la calle a protestar contra ellos mismos, en esencia.
«La subida de la luz no se resuelve con una movilización en la calle», les contestó la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, también desde el Gobierno. Los socialistas entienden que esta disputa es de enorme calado, que se sabía desde hace tiempo y que ambas formaciones se comprometieron a atajarla en el programa del Gobierno de coalición y se ha pospuesto por el enorme calado que ello supone.
Hasta el momento, la baza de Ribera ha sido negociar una reforma en profundidad en el seno de la Unión Europea. Pero la Comisión no está dispuesta a cambiar el modelo, solo por los problemas de España. De ahí que la ministra desvelase esta semana su negativa.
Sin embargo, sus socios de Gobierno han iniciado su contraataque vía redes sociales para marcar perfil e intentar escurrir el bulto de cara a la ciudadanía.
Su propuesta estrella para solucionar el problema es la creación de una empresa pública de energía que controle los precios de la luz. Una medida que ya exhibió en numerosas ocasiones Pablo Iglesias y los socialistas, en contadas ocasiones tacharon de «ocurrencia».
Lo que antaño sonaba a broma de mal gusto, ahora y de la noche a la mañana le parece bien a la vicepresidenta tercera para controlar a las hidráulicas. Unidas Podemos se anota el tanto en las redes sociales y los socialistas ya pueden seguir disfrutando de sus vacaciones, a sabiendas de que este ‘melón’ volverá a abrirse en septiembre o, como muy tarde en octubre en el Congreso.
«Que el PSOE se abra por primera vez a nuestra propuesta de creación de una empresa pública de energía es una buena noticia. Debemos afrontar con urgencia y valentía la situación crítica del precio desorbitado de la factura de la luz», celebra la líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, en redes sociales.
La letra pequeña del anuncio
Sin embargo, los morados no se han enterado todavía de lo que implica la propuesta del PSOE. Ya en voz baja y a nivel técnico, las fuentes socialistas consultadas del Gobierno explican que se trata de un plan para el «medio-largo plazo» y que nada tiene el Ejecutivo para aprobar a corto plazo y que el problema se resuelva de la noche a la mañana, «porque es imposible», explican.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dio este viernes con el quid de la cuestión al señalar que, obviamente, para crear una empresa eléctrica pública «habría que esperar a que terminen las concesiones». Según la cartografía actualizada del Observatorio de la Sostenibilidad, se necesitará casi un siglo para que las centrales hidroeléctricas pasen a manos del Estado.
Es decir, un plan que el Gobierno podría poner en marcha no antes de 2030 con algunas, como por ejemplo, el embalse de Añarbe en la Cuenca de Cantabria Oriental cuya concesión finaliza en 2031 o el embalse de Sichar en la cuenca del Júcar cuya concesión finaliza en 2035.
Pero, las principales concesiones de explotación de las centrales hidroeléctricas se prorrogaron y su concesión no termina más allá del año 2070, como por ejemplo, el embalse de Puentes en Segovia hasta el año 2075 o el embalse de Alange en el Guadiana hasta el año 2067.
Según señalan los expertos consultados por ED, actualmente hay unas 800 centrales hidroeléctricas, con un rango de tamaño muy variado. Existen 20 centrales de más de 200 MW, que representan en conjunto el 50% de la potencia hidroeléctrica total. Por contra, en el otro extremo, existen decenas de pequeñas presas con potencias menores de 20 MW, repartidas por toda España. En total suman una capacidad instalada de 17.792 MW (el 19,5% del mix eléctrico).
La propuesta del PSOE se centra en recuperar las centrales hidroeléctricas conforme vayan caducando las concesiones públicas a las empresas privadas. Es decir, todo lo contrario de lo que propone Podemos con atajar en el corto plazo, en este mismo momento, el problema.
Desde los consistorios del PP también advierten de la «futura guerra» que se viene con este asunto porque mientras las concesiones estén en manos de empresas privadas cuya cifra de negocio supere el millón de euros, la ley establece la obligación de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), un tributo gestionado por los ayuntamientos y del que reciben el 90% del importe total, además de un recargo que va a parar a la Diputación Provincial correspondiente.
La mayoría de municipios que ahora se benefician de la explotación de las centrales hidroeléctricas se muestran en contra de la propuesta de Podemos y ahora también la de los socialistas. De hecho, insisten en que llevan tiempo reivindicando un cambio en la tributación del IAE y en poder aumentar el valor catastral de las instalaciones «y nadie nos hace caso».
Los socialistas intentan acallar a sus socios de Gobierno en agosto y terminan articulando otro conflicto con los ayuntamientos, más allá del de los fondos europeos. Se prepara un otoño caliente.
