Los presos de ERC desprecian los indultos
Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell y Dolors Bassa acusan al alto tribunal de pedir por primera vez "una petición de estas características"
Oriol Junqueras, en una de sus salidas de la cárcel
El indulto a los condenados por sedición parece lejano, y no tanto por la disposición de Pedro Sánchez como por la negativa de los políticos encarcelados. Los reos Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva y Carme Forcadell han anunciado que no responderán la petición del Tribunal Supremo para valorar un informe que podría ser favorable al indulto.
«Es la primera vez que el Tribunal Supremo reclama una petición de estas características», explican los líderes independentistas a través de un comunicado. Los republicanos han defendido que la única motivación que lleva a los reos por sedición es «por cuestiones meramente políticas«.
Los líderes independentistas siguen enrocados en su idea de una amnistía, pese a no tener un encaje real en el ordenamiento jurídico español. «La solución al conflicto político entre Cataluña y España tiene que ser colectiva». Además, creen que la solución tiene que afectar a las 3.000 personas represaliadas por todo el país.
El Gobierno tendrá la última palabra sobre los indultos
Los indultos siguen su proceso, ahora a través de los informes que las partes deben emitir para que el Gobierno pueda evaluar la idoneidad de concederlo. Pese a la posición final que pueda tener el Tribunal Supremo –a partir de los informes de la Fiscalía, la Abogacía del Estado o las defensas–, es el Consejo de Ministros quien tiene la última palabra en su concesión.
Quien no se ha pronunciado directamente pero ha encarrilado el indulto ha sido la Abogacía del Estado. En su informe remitido al Tribunal Supremo evitó pronunciarse sobre la medida de Gracia, pero defendió que la malversación ha sido subsanada por los 4,1 millones depositados en el Tribunal de Cuentas.
La Abogada del Estado se amparó en la “personalidad jurídica única de la Administración General del Estado”, de la que forma parte tanto la Abogacía del Estado como el propio Gobierno. Si dijera su opinión, “estaría anticipando o determinando el sentido de una decisión” cuya palabra final compete al Ejecutivo.
