Las presiones de Bruselas obligan a Sánchez a regalar la mayoría del TC a Casado

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, pilló esta semana a Pedro Sánchez con el pie cambiado. Tras más de un año con posturas enconadas, los populares se abrieron a pactar en 24 horas la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y hasta la Agencia de Protección de Datos. Todos menos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los apercibimientos de Bruselas y la presión de los propios jueces han llevado al PSOE a regalar una mayoría conservadora en el Constitucional, pues como ellos ya decían «es muy difícil» colocar a dos magistrados afines en el TC «sin antes haber pactado el CGPJ», porque para entonces tocará también que el gobierno de los jueces proponga dos nuevos miembros del TC.

Si para entonces continúa el bloqueo del CGPJ, no podrá nombrar nuevos magistrados para el Constitucional por la prohibición que tiene de hacer nombramientos estando en funciones. 

La postura de PP y PSOE respecto a la renovación del CGPJ sigue estando en la antípodas. El partido de Pablo Casado busca aplicar la reforma por la cual los magistrados se elegirían a ellos mismo sin injerencias políticas, mientras que Pedro Sánchez persigue firmar este acuerdo pero no aplicarlo en estos momentos. Cabe recordar que fue el expresidente Felipe González quien cambió del primer sistema al actual.

Ahora y al no negociar la renovación de los órganos constitucionales en un ‘pack’, tal y como quería el PSOE, los de Sánchez pierden terreno respecto a la capacidad negociadora en cuanto a equilibrar el ‘ala progresista’ en el Constitucional que, sí, será renovado pero seguirá manteniendo la mayoría conservadora.

Una mayoría conservadora

La renovación inmediata del Tribunal Constitucional afecta a cuatro plazas cuya sustitución no cambiará el actual equilibrio de fuerzas progresistas y conservadoras.

El Tribunal Constitucional consta de 12 miembros que son elegidos por tercios cada tres años, para permanecer en el tribunal un total de nueve. Aunque, en estos momentos con el mandato caducado, solo cuenta con diez de los doce miembros que lo conforman. 

En concreto, tienen el mandato caducado el presidente, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca, y el magistrado Andrés Ollero. La cuarta plaza quedó desierta después de que su titular, Fernando Valdés, abandonara tras ser imputado en un caso de violencia de género. A esto se suma el juez Alfredo Montoya, de 84 años, que está de baja desde este pasado verano. 

La actual situación preocupaba a los socialistas, ya que además de esta reducción de miembros, que lastra el ritmo de trabajo en el Constitucional, también buscaban, mediante las negociaciones con el PP, ganar en equilibrio entre, los mal llamados, magistrados de corte progresista y los de tendencia conservadora.

En estos momentos, en las filas conservadoras, nombrados a propuesta del PP, figuran el presidente del TC, Juan José González Rivas, Andrés Ollero, Santiago Martínez-Vares; el exfiscal Antonio Narváez, Pedro José González-Trevijano y Ricardo Enríquez. A este grupo se sumaría la reincorporación de Alfredo Montoya.

Mientras que el ‘ala progresista’ la conforman: la vicepresidenta del TC, Encarnación Roca, María Luisa Balaguer, Cándido Conde Pumpido y Juan Antonio Xiol. La dimisión de Valdés restó fuerza a este grupo.

Casado gana afines y la Presidencia del TC

Según las fuentes consultadas por Economía Digital, los populares se apoyan en una regla no escrita que asegura que en cada renovación de este órgano, el que sea designado presidente debería ser uno de los cuatro magistrados que inician los últimos tres años de su mandato. Y, dada la mayoría conservadora actual, lo previsible es que si hay renovación ahora fuera designado como presidente Pedro González-Trevijano.

De esta manera, los populares se aseguran la Presidencia del TC hasta julio de 2022, que no procede la siguiente renovación. Pero, existen ciertas dudas sobre si el próximo julio se debería de aplicar esta regla no escrita de nuevo para cambiar la presidencia. De lo contrario, los populares podrían elegir a otro de sus magistrados afines, Ricardo Enríquez, para alargar su mandato hasta 2026.

Una apuesta que descartan las voces socialistas consultadas: «La Constitución señala que el presidente será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años».

La figura de González-Trevijano es la que con más fuerza suena. Sin embargo, su mandato será el más corto al expirar el próximo junio, porque ya llevaría nueve años en la institución.

Recursos contra el actual Gobierno

A esta mayoría conservadora que obtendrían los populares, también se suma la acumulación de recursos sobre todas las reformas importantes del actual Gobierno.

El alto tribunal se ha convertido en los últimos meses en un foco de crítica y cuestionamiento permanente para el Gobierno de Pedro Sánchez a través de sus sentencias, como la inconstitucionalidad del confinamiento del primer estado de alarma decretado por el Ejecutivo en pandemia, el segundo estado de alarma y también consideró ilegal el parón de iniciativas del Congreso de los Diputados durante el primer mes del Covid.

Los de Pablo Casado podrían ponerse medallas de cara a los próximos recursos que todavía están por dirimir como, por ejemplo, los recursos del PP y de Vox contra la Ley de Educación, Ley Celáa; la Ley de Eutanasia o contra la Ley del Aborto.

PP y PSOE seguirán negociando y durante los próximos días se podrán saber los primeros nombres pactados entre ambas formaciones para estos órganos y a la espera de que se deshiele el pacto para renovar el CGPJ.

Aunque desde los dos partidos aseguran que «hay voluntad», en privado comentan que las posiciones «siguen alejadas» y podrían seguir estándolo toda la legislatura.