El precedente francés del impuesto a los ricos: fuga de 200.000 millones y 7.000 millones menos de recaudación

Una de las medidas estrellas del Gobierno de Pedro Sánchez para paliar los efectos económicos de la crisis generada por la invasión de Rusia a Ucrania es el llamado impuesto de solidaridad, la tasa que gravará las grandes fortunas de nuestro país para que, en palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «quienes más aporten sean los que más tienen». Es un tributo que comparte hecho imponible en nuestro país con el Impuesto de Patrimonio -derivado a las comunidades autónomas- y que no tiene demasiados homólogos en los países de nuestro entorno.

Pero sí que hay un precedente muy similar no muy lejos de nuestras fronteras: Francia gravó a los ricos durante casi treinta años con lo que llamaron el impôt de solidarité sur la fortune (ISF, o, en castellano, impuesto de solidaridad sobre las fortunas). Fue una tasa creada en 1989 y eliminada en 2018, progresiva, cuyo suelo imponible se fijaba en una cantidad determinada el primero de enero de cada año.

Un estudio de la Bordeaux École de Management [ahora conocida como KEDGE Business School] realizado por el economista y director del programa de posgrado en Gestión Patrimonial e Inmobiliaria del mismo centro, Eric Pichet, cifró las consecuencias de dicho gravamen en un artículo publicado en La Revue de Droit Fiscal en 2007. Hasta aquel momento, salieron del país galo 200.000 millones de euros y se perdieron 7.000 millones de recaudación.

Contribuyó a la reducción del PIB anual

El análisis de las consecuencias económicas de este impuesto sobre el patrimonio ISF que llevó a cabo Pichet arrojó otras muchas conclusiones. Por ejemplo, que el coste de la recaudación del impuesto se mantuvo bajo (alrededor del 1,6% de los ingresos), pero que, también, elevar el umbral en línea con la inflación entre 1998 y 2004 generó beneficios extraordinarios de hasta 400 millones de euros sólo en el ejercicio de 2004.

El fraude que se pudo cometer al no pagar este impuesto implicaba principalmente una tasación incompleta de activos inmobiliarios, que se estabilizó con el tiempo en alrededor del 28% de los ingresos totales, equivalente (si el marco legal se hubiera mantenido sin cambios) a un déficit del Estado de 700 millones de euros en 2004.

La fuga de capitales desde la creación del impuesto a la riqueza ascendió a alrededor 200 mil millones de euros, y este gravamen provocó, según las conclusiones del economista, un déficit fiscal anual de 7.000 millones de euros, o aproximadamente el doble de lo que produce. También adujo Eric Pichet que, «probablemente» había reducido el crecimiento del PIB en un 0,2% anual, o alrededor de 3,5 mil millones (más o menos lo mismo que producía).

«En un mundo abierto, el impuesto sobre el patrimonio ISF empobrece a Francia, desplazando la carga fiscal de contribuyentes adinerados que abandonan el país a otros contribuyentes«, zanjó el economista.

Sólo existente en España

Lo cierto es que haciendo un estudio comparado por los veintisiete países de la Unión Europea, España es el único país [con datos actualizados a diciembre de 2021] con un impuesto sobre el Patrimonio. Otros países de nuestro entorno, más allá de Francia, también tuvieron figuras fiscales similares, pero ya están abolidas. Fue el caso de Alemania (1997), Austria (1994), Dinamarca (1995), Finlandia (2006), Países Bajos (2000), Luxemburgo (2006) y Suecia (2007).

En el caso español, el tipo máximo sobre Patrimonio varía dependiendo de la comunidad autónoma en la que nos fijemos, pero el tipo marginal más alto del mundo está en Extremadura, en el 3,75%. En Comunidad Valenciana se situaba a final del pasado año en 3,5%; en Baleares, 3,45%; Cantabria, 3,03%; Asturias, 3%, o en Cataluña está en el 2,75%. En Vizcaya (con Hacienda provincial) está el marginal en el 2% y en Navarra (Hacienda foral), igual.

Pero ahora ha vuelto a la palestra, tras comenzar la guerra fiscal en nuestro país con, precisamente, el anuncio que hizo el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, de su supresión en la comunidad, gesto que continuaron el resto de regiones gobernadas por el Partido Popular, y que, finalmente, vio su repercusión final en el anuncio del impuesto de María Jesús Montero, que se tramitará como enmienda en la misma norma que incluye el impuesto a las eléctricas y a la banca.