PP y Cs firman con Vox una rebaja fiscal en Andalucía en pleno cordón sanitario en Madrid
El PP firma dos documentos idénticos, uno con VOX y otro con Ciudadanos ante la negativa de Inés Arrimadas a una foto de Colón en plena campaña del 4M
El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.
“Con mis votos, Vox no va a estar en el Gobierno”. Con estas palabras, Edmundo Bal, candidato a la Comunidad de Madrid por Ciudadanos ha escenificado hace apenas unas horas el cordón sanitario que su grupo parlamentario ha marcado en torno al partido de Santiago Abascal en plena campaña de 4M.
Una prevención que no opera en Andalucía. Eso se deduce tras la presentación hoy de una Proposición de Ley de Tributos Cedidos en el que han estado trabajando durante las últimas semanas los dos grupos parlamentarios del Gobierno –PP y Ciudadanos- y Vox, el socio parlamentario del Ejecutivo autonómico, que afectaría a cuatro millones de contribuyentes y supondría una reducción de ingresos a las arcas públicas de unos 329 millones de euros. En 2020, Andalucía recaudó por estos tributos casi 16 mil millones de euros, siendo el último presupuesto de 40 mil millones de euros.
Pero si bien la negociación de este proyecto de rebajas fiscales ha estado marcado por la sintonía en todo momento, habida cuenta que los tres grupos han trabajado acercando posturas hasta consensuar los puntos de esta gran reforma, “a última hora”, según las palabras de Alejandro Hernández, portavoz parlamentario de VOX en la cámara andaluza, Ciudadanos se ha desmarcado y no ha querido plasmar su firma en un documento junto a la de los diputados de Santiago Abascal.
Según ha deslizado Vox en su intervención ante la prensa, esta negativa a una foto similar a la de Colón y ni siquiera una firma conjunta en un mismo documento se debe a una llamada desde la dirección nacional del partido de Inés Arrimadas, que evita mostrar en público un acercamiento al partido de ultraderecha, máxime tras la tensa situación protagonizada por Rocío Monasterio en el debate de la SER del pasado viernes.
De este modo, y para salvar este acuerdo, se ha dado la extraña situación de una duplicidad de acuerdos y comparecencias aunque, por parte de sus múltiples promotores, con un mismo mensaje como denominador común: se trata de la ley de más calado de Andalucía de toda la legislatura, al margen de la de los presupuestos.
Así, en el Parlamento andaluz se han registrado hoy dos documentos idénticos aunque con distintas firmas, uno con la rúbrica de PP y Vox y en paralelo, otro con la de PP y Ciudadanos. Asimismo, su presentación pública a la prensa también ha sido ciertamente confusa: por un lado, en el Parlamento de Andalucía se han celebrado dos ruedas de prensa consecutivas, primero la de los portavoces de VOX y acto seguido, la de los portavoces del PP.
Mientras, a la misma hora, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Ciudadanos) y el portavoz del Gobierno, Elías Bendodo (PP) hacían lo propio desde el Palacio de San Telmo. De modo que el partido que verdaderamente ha capitalizado el mensaje ha sido el PP, presente tanto en el mensaje del Gobierno como en el mensaje del grupo parlamentario.
Es decir, hablamos de un problema de forma no de fondo. A diferencia de las veces en que Ciudadanos ha estrechado la mano a VOX para aprobar, por ejemplo, las leyes de presupuestos, ahora, en el marco de unas elecciones que se han entendido por todos los partidos políticos en clave nacional, los máximos dirigentes de Ciudadanos no han querido promover una foto conjunta junto a Vox aunque en el fondo –es decir, en lo relativo a la dinámica fiscal de los andaluces- haya más unión entre los tres partidos que nunca.
No en vano, esta reforma fiscal contempla una serie de medidas tributarias en las que se viaja por todo el arco ideológico que abarca el centro derecha en la cámara: desde el incentivo fiscal a la compra de vivienda en poblaciones de menos de tres mil habitantes hasta la compensación fiscal por el estudio en colegios privados o academias de idiomas así como la rebaja de tributos a los juegos de azar.
Cabe señalar, por otro lado, las concesiones evidentes a Vox en asuntos sobre los que ha hecho bandera ideológica. Así, se contempla una reducción del IRPF a las víctimas de violencia de género, aunque en este documento pasan a llamarse víctimas de violencia doméstica. Fuentes del PP confirman que han tenido que “ceder” en el uso del término pero que “lo importante es que por primera vez se contempla a la mujer víctima con una singularidad específica”.
El aspecto social de esta ley fiscal, como defienden los grupos que han trabajado en esta propuesta, estaría contemplada en aspectos como las exenciones fiscales a familias numerosas, monoparentales o a personas con discapacidad.
¿Estabilidad en el Gobierno de PP-Ciudadanos o búsqueda de un socio preferente?
Y si bien el pasado marzo, tras el tsunami político iniciado en Murcia, VOX exigió elecciones al Partido Popular y calificó a Ciudadanos de socio “inestable” y “de poco fiar”, ahora, y tras este acuerdo, el fantasma del adelanto electoral parece más desvaído que nunca. A preguntas de la prensa, Hernández insistió en que no exigen elecciones sino que el PP “tenga controlado a su socio de Gobierno” y rechazó que en Andalucía exista el mismo clima político que el que se respira en la Comunidad de Madrid.
Fuentes del PP consultadas por Economía Digital, rechazan de plano un adelanto por el hecho de que con esta medida y con una prórroga del actual presupuesto, “se podría llegar sin problemas hasta el final de la legislatura”.
Aunque a la luz de los pobres resultados que podría conseguir Ciudadanos en Madrid la duda está en si Juanma Moreno quiere gobernar con un socio irrelevante a nivel nacional o, por el contrario, forzar un adelanto electoral y optar por VOX como nuevo socio preferente. La prerrogativa del adelanto, en cualquier caso, es exclusiva del presidente del Gobierno, que hace una semana, en una entrevista radiofónica, tirón de refranero para decir “nunca digas de este agua no beberé”.
Para Manuel Gavira, presidente del grupo de Vox en el Parlamento de Andalucía es una “triste” asistir a esta “situación de esperpento que vamos a sufrir en la presentación de este Proposición de Ley. Ciudadanos antepone sus intereses electoralistas en la Asamblea de Madrid. Lo que hay que recordar es que cualquier acuerdo que suscriba PP y Cs debe contar con el respaldo de VOX. Nos molesta que cuando Moreno Bonilla habla de estabilidad sólo destaque que ésta es gracias a PP y CS y lo que obvia siempre es que VOX es una garantía de estabilidad”.
En esta misma línea, Gavira ha subrayado que “cuando haya elecciones en Andalucía, y vengan algunos con los miedos, que no se diga que Vox va a influir en la vida política de Andalucía porque VOX lleva influyendo desde el 2 de diciembre”, fecha en la que por primera vez PP, Ciudadanos y Vox conformaron una mayoría suficiente para desbancar del poder al PSOE tras 37 años de Gobierno.
Por su parte, José Antonio Nieto, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ha defendido que esta propuesta supone una “modernización” de la fiscalidad andaluza que va a situar a Andalucía “a la vanguardia de España gracias a reformas que se apoyan en criterios lógicos, no ideológicos”.
329 millones de ahorro en impuestos para los andaluces
Aunque durante la presentación de los datos globales de esta propuesta ninguno de los partidos ha sabido aportar mucha precisión del impacto económico de estas rebajas fiscales, según los datos facilitados por el Gobierno andaluz, esta reforma supondría un ahorro cercano de los 329 millones de euros en los bolsillos de los andaluces.
En concreto, afectaría a la mayoría de tributos que recauda la Comunidad Autónoma, como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al Impuesto de Patrimonio, al de Sucesiones y Donaciones, Tributos sobre el juego (TJ) y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD).
Hasta que esta Ley no entre en vigor, que se tramitará por la vía de urgencia en el Parlamento de Andalucía y cuya aprobación está prevista para finales de año, se aprobará un Decreto Ley transitorio que permita la puesta en marcha inmediata todas aquellas rebajas fiscales que afecten al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), que grava la compraventa de un inmueble, un contrato de alquiler de vivienda y que pasa a un tipo único del 7% cuando hasta ahora era del 8, 9 y 10%. Sólo con la bajada de este impuesto se dejarían de ingresar 223 millones de euros.
La defensa teórica que hacen los partidos que han acordado esta rebaja fiscal es que con estas medidas se reactivará el consumo y la actividad económica y hará aflorar la economía sumergida, caso por ejemplo, de los incentivos fiscales aplicados a los alquileres de vivienda, además se presentará a Andalucía como un territorio de “atractiva fiscalmente”, en palabras del PP, que atraiga inversores y población al territorio.
El PP defiende que las reformas fiscales planteadas por Portugal, Francia, Italia y algunos landers alemanes van en esta misma línea.
