PP y Ciudadanos chocan por el liderazgo de la batalla contra la inmersión lingüística

La lucha contra el decreto ley aprobado por la Generalitat para incumplir la sentencia judicial que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano no es un matrimonio tan bien avenido como el que pretenden aparentar tanto el Partido Popular como Ciudadanos. La diferencia de fuerzas de unos y otros, dependiendo del escenario -el PP no tiene grupo parlamentario siquiera en Cataluña y Cs es un partido de apenas 10 diputados en el Congreso-, ha abierto grietas en este primer gran pacto entre los partidos de centroderecha desde que Alberto Núñez Feijóo accedió a la presidencia de su partido.

Aunque públicamente y en privado dirigentes de ambos partidos se congratulan de mostrar un frente unido ante el independentismo, hay recelos en ambas direcciones sobre la actuación del otro. «A nosotros nos encanta llevar el liderazgo y arrastrarlos a esta postura. Si no estuviésemos, quizás estuviera Feijóo más equidistante y defendiendo otras tesis«, arguyen desde el entorno de Inés Arrimadas a Economía Digital.

En Génova, la tensión es similar. «Nosotros equidistantes, ellos irrelevantes… Cada uno con sus cosas», bufan fuentes cercanas a Feijóo en conversación con este periódico. «Lo importante es que Ciudadanos entienda que lecciones de combatir el nacionalismo o defender el castellano en un territorio con otra lengua oficial no aceptamos mucho de una fuerza a la que el presidente del PP convirtió en extraparlamentaria», disparan.

Para Cs es «quid pro quo»

Lo cierto es que en el fondo, ambos partidos confluyen en la misma postura. Pero las formas lo son todo. Y la bandera de la lucha contra el independentismo siempre ha sido la razón de ser de Ciudadanos, que cosechó sus mayores éxitos en plena crisis separatista tras el 1-O. Y el PP en Cataluña se deshizo.

Es por ello que desde Cs insisten en que esto es una iniciativa suya, aunque reconocen el buen entenderse de los grupos parlamentarios de ambas formaciones y que, al final, esto es «quid pro quo». «Tuvimos ese gesto de invitarlos a que se sumaran. A iniciativa de Inés, contactamos con el PP y nos dijeron que sí, que sin problema. Y Cuca y Edmundo [los portavoces en el Congreso de ambos, Gamarra y Bal] con sus equipos se pusieron a trabajar» en el desarrollo de un recurso al Tribunal Constitucional, el siguiente paso en la estrategia legal tras aliarse con Vox en una denuncia al Consell de Garantías Estatutarias del Parlament.

Y el trabajo conjunto continúa. «Estamos hablando de la redacción concreta del recurso, estamos en ello de manera muy preliminar, porque no está el contenido de la iniciativa aprobada», precisan fuentes de la dirección naranja a este periódico.

El «bilingüismo cordial» de Feijóo

Para el PP de Feijóo esta es una batalla cómoda, aducen, aunque parezca lo contrario. El presidente popular ha hecho gala de un «bilingüismo cordial» como acción concreta, tal y como implementó en Galicia y «hará en Cataluña». Pero también es cierto que el coordinador general del PP, Elías Bendodo, afirmó que España era un «Estado plurinacional» al defender las distintas nacionalidades recogidas en la Constitución, aunque después se desdijo.

El PP no le quiso dar mayor importancia y Feijóo le enmendó: «Es una obviedad que no es un Estado plurinacional, ni lo será nunca». Ciudadanos movió ficha entonces y aprovechó para reclamar una reforma constitucional que elimine del artículo 2 las diferencias entre nacionalidades y regiones.

Según las tesis populares, ese «bilingüismo cordial» casa perfectamente con la lucha contra la inmersión lingüística. «En cuanto haya bilingüismo en Cataluña nos daremos por satisfechos, lo que ellos plantean [el Govern] no lo es. Es sometimiento al castellano», insisten desde la dirección popular.

«Defendemos el equilibrio, no el menosprecio a ninguna lengua», explican. Y a Ciudadanos, quien lleva la delantera en esta cuestión, le reclaman «coordinación y lucha conjunta». Cada uno en su sitio, deslizan.

La cronología de la batalla

Mientras, la batalla sigue y el conflicto lingüístico no tiene visos de resolverse. El Govern de la Generalitat de Cataluña se ha escudado en el nuevo decreto para evitar los porcentajes de enseñanza de las lenguas oficiales en las escuelas, que exige un 25% de las clases en castellano. Pero la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no es optativa: desde este miércoles, todas las escuelas e institutos de la comunidad autónoma deben adoptarlo.

Así, en la víspera de que terminara el plazo, la Generalitat pidió al TSJC que declarara la «imposibilidad legal» de aplicar la sentencia porque, a sus ojos, el decreto que aprobó el lunes el Govern para contraatacar tras un primer bloqueo del proyecto de ley y que no incluye porcentajes para las lenguas, supone un nuevo «marco legal» que impide su ejecución.

En paralelo, Vox se ha sumado a PP y Ciudadanos para hacer un frente común contra el decreto ley sobre el catalán y lo recurrirán tanto al Tribunal Constitucional (TC) como al Consejo de Garantías Estatutarias. Mientras, el PSC, aunque suscribió el primer proyecto del Parlament para dar respuesta a la sentencia del TSJC del pasado martes, no dio el visto bueno a la segunda intentona de bloqueo. El primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa, quiso zanjarlo alegando que «todas las resoluciones judiciales se tienen que cumplir. También la del 25 %».