El PP pide al Gobierno nuevos juzgados mercantiles por el boom de concursos de acreedores

La carga de trabajo de los Juzgados de lo Mercantil se ha multiplicado en el último año al coincidir con la finalización de la moratoria concursal del Gobierno para paliar los efectos de la pandemia. Los concursos de acreedores en España subieron en julio un 25% respecto al mismo mes de 2021, el máximo desde marzo de 2014. Es por ello que el grupo parlamentario del PP en el Congreso ha registrado una Proposición no de Ley en la que solicita al Gobierno un plan de contingencia para reforzar los juzgados mercantiles.

El Partido Popular ha instado, en un escrito registrado en la Cámara Baja el pasado 27 de julio, según ha podido comprobar Economía Digital, a crear nuevos Juzgados de lo Mercantil y reforzar también aquellos que soportan más carga de trabajo. Además, también llaman a dotar con mayores recursos económicos, al menos los suficientes, para incrementar los medios materiales y humanos de estos tribunales.

«Los expertos vaticinan para este año un importante crecimiento de los procesos concursales que presentan las personas físicas, tanto empresarias como de las no empresarias, que se dispararon un 67% en el 2021 y que crecerán aún más cuando los ERTE se transformen en expedientes de regulación de empleo y cuando los efectos de la crisis pongan en riesgo el esfuerzo y el empleo de los trabajadores autónomos«, alega el PP en la exposición de motivos.

La reforma de la Ley Concursal, para septiembre

Con la llamada Ley Concursal aún en tramitación parlamentaria, que debe ser votada en Pleno, y aunque su aprobación esté prevista para el arranque del próximo curso político, para los populares genera un ambiente de «incertidumbre», generado por la «aplicación del nuevo marco jurídico regulador de los procesos de insolvencia, de los procesos de reestructuración y de exoneración de deudas», que incluye la reforma de la legislación.

Este proyecto de Ley constituye una de las reformas más importantes incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, para favorecer la demografía empresarial, reforzar el tejido productivo e impulsar el crecimiento económico.

Se trata de un texto dirigido a garantizar que las empresas viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a un procedimiento efectivo de reestructuración preventiva que les permita continuar su actividad; que los empresarios o personas físicas insolventes puedan ver exoneradas sus deudas después de un periodo de tiempo razonable, favoreciendo la segunda oportunidad; y que el procedimiento concursal incremente su eficiencia reduciendo, entre otros factores, su duración.

Cada vez más concursos

«Esta ley, junto con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que modifica las competencias de los Juzgados de lo Mercantil, conviene destacar que ninguna de las dos viene acompañadas de medida alguna que suponga ni la creación de nuevos juzgados, ni el incremento de los medios necesarios para hacer frente a la situación a la que tendrán que enfrentarse con el incremento de los concursos previstos», remata el grupo parlamentario del PP en su PNL.

A pesar de la moratoria aprobada en junio de 2021, el número de concursos presentados ese año se incrementó un 25%. con más de 5.000 concursos de acreedores y pese a la inadmisión a trámite de los concursos llamados necesarios, esto es, solicitados por los acreedores. En 2022, de los concursos declarados, el 72 % ha supuesto la extinción simultánea de la empresa, según el Estudio sobre Concursos y Disoluciones publicado este miércoles por Informa D&B, que también indica que durante este mes se han registrado 1.790 disoluciones.

«Muchas empresas esperaban el fin de la moratoria para presentar el concurso y la liquidación simultánea», explica la directora de Estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese, sobre la medida vigente desde el 14 de marzo de 2020 y que finalizó el pasado 30 de junio después de varias prórrogas.

Cataluña, líder en procesos concursales

Por territorios, Cataluña se posiciona como la primera comunidad autónoma donde más procesos concursales se han registrado en julio con 204, un 27 % del total nacional, seguido por Madrid (141) y Comunidad Valenciana (129), un ránking que se repite si se consideran los registros desde que comenzó el año.

Por su parte, es en Madrid donde más disoluciones se han producido, tanto en julio con 552 como en el acumulado de estos siete meses con 5.470, un 29 % del total nacional, seguida por Andalucía (258 en el mes y 2.604 en el año) y Comunidad Valenciana (236 en el mes y 2.202 en el año).