El PP lleva al Parlamento el presunto fraude electoral por compra de votos
Detenciones de candidatos del PSOE en Mójacar (Almería) generan polémica política y abren debate en el Senado
El Partido Popular (PP) ha decidido llevar al Parlamento la presunta compra de votos que se ha producido antes de las elecciones del 28 de mayo. En particular, se centrarán en el caso de Mójacar, Almería, donde dos candidatos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fueron detenidos en relación con este presunto «fraude» electoral.
Miguel Tellado, vicesecretario de Organización del PP, tiene previsto cuestionar al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, durante una sesión plenaria del Senado. Su interrogante girará en torno a si Bolaños tenía conocimiento de esta supuesta irregularidad electoral y si alguna información al respecto le fue transmitida durante un evento en el cual el ministro expresó su apoyo al candidato del PSOE a la alcaldía de Mójacar, Manuel Zamora, así como a los dos candidatos detenidos, Francisco Flores Torres y Cristóbal Vizcaíno.
El PP ha emitido un comunicado resaltando la presencia de Bolaños en el acto de respaldo a los candidatos socialistas, y hace referencia a las detenciones por supuesto fraude de votos.
Además, de manera irónica, el senador del PP menciona las recientes controversias y problemas que ha enfrentado Bolaños, como su conflicto con los responsables de protocolo durante el acto del Día de la Comunidad de Madrid, insinuando que podría estar experimentando dificultades. «Últimamente, alguna meiga que no le mira bien», bromeaba Tellado.
Ante el escándalo surgido por la presunta compra de votos y las detenciones de candidatos del PSOE, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a los socialistas a asumir «responsabilidad» por estos hechos. Al mismo tiempo, el PP critica el silencio del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, respecto a esta polémica.
Es importante destacar que el PSOE también ha presentado denuncias contra el PP por fraude en el voto en varios municipios, específicamente en Extremadura, Alicante y Huelva. El PP considera que estas denuncias son parciales y diferentes a las detenciones y acciones judiciales llevadas a cabo en el caso de Mójacar.