El PP exige al Gobierno intervenir Cataluña por desobedecer la sentencia de la inmersión lingüística
Pablo Casado le recuerda a Pedro Sánchez que está "obligado a hacer cumplir las sentencias de los tribunales". "Si no actúa, estaría prevaricando", afirma
El PP exige al Gobierno intervenir Cataluña por desobedecer la sentencia de la inmersión lingüística. En la imagen, Pablo Casado este miércoles. EFE/J.J.Guillen
El PP ha exigido al Gobierno aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña -solo en el ámbito educativo- si la Generalitat se niega a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir el 25% de la enseñanza en castellano. Pablo Casado ha ofrecido este miércoles los votos de los populares en el Senado después de que el conseller de Educación, Josep González Cambray, haya enviado una carta a los colegios animándoles a desobedecer y a continuar con el modelo actual de inmersión lingüística en catalán.
El líder del PP ha apuntado que el Ejecutivo que está obligado a hacer cumplir las sentencias de los tribunales» porque, si no, «estaría prevaricando». «Es su primera responsabilidad y, si la Generalitat se declara en flagrante rebeldía, Pedro Sánchez tiene que hacer todo lo que está a su alcance para cumplir esa resolución, incluido aplicar en el Senado el artículo de la Constitución que hace que el Estado pueda aplicar las competencias del Título octavo que le son propias», ha señalado en declaraciones a los medios durante la protesta por la reforma de la ley mordaza.
El jefe de la oposición ha remarcado que la educación tiene titularidad estatal y ha calificado de «inconstitucional» la propuesta de la Generalitat de que aquellos alumnos que quieran estudiar en castellano tengan que acudir a centros privados. “Todos los niños en Cataluña tienen derecho a recibir al menos el 25% de las clases en castellano, que es la lengua común de todos los españoles. Sánchez tiene la obligación de defenderlo», ha sentenciado.
La aplicación del artículo 155 que reivindica Casado supone la intervención del Estado en Cataluña, como ya ocurrió por primera vez tras el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la declaración unilateral de independencia. La norma dicta que si una región no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuara de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno «podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».
Para poner en marcha este artículo, la iniciativa la tiene que tener el Gobierno central, que tendrá que enviar un requerimiento al presidente de la comunidad autónoma en cuestión para que cumpla con sus obligaciones. En el caso de ser ignorado, el Ejecutivo podrá adoptar «las medidas necesarias para obligar» al cumplimiento forzoso.
Para ello necesita contar mayoría absoluta en el Senado, que se alcanzaría con los votos de socialistas y populares. No obstante, la propuesta final debería votarse en el Pleno. Pero el Gobierno no tiene intención de aplicar el 155, según ha adelantado El Mundo, y considera que es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) quien tiene que velar por el cumplimiento de las sentencia.
Aragonès exige a Sánchez que respalde su modelo lingüístico
Y mientras tanto, el Govern está buscando el apoyo del Gobierno para iniciar su pulso con la Justicia. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigido a Moncloa que realice una “defensa” de su modelo lingüístico tras la sentencia dictaminada por el Tribunal Supremo. “Lo que pedimos es un claro compromiso de defensa del modelo de inmersión lingüística”, ha afirmado el líder republicano en una rueda de prensa conjunta con la presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol, durante una visita al archipiélago.
Aragonès ha defendido que el actual sistema ayuda a garantizar la “cohesión y la igualdad de oportunidades” en la comunidad autónoma y ha pedido ayuda al Ministerio de Educación para hacer frente a la sentencia, que obligará a introducir al menos una asignatura más en castellano en todos los centros educativos de la región.
“Mientras Cataluña siga formando parte del Estado español, la defensa, fomento y uso del catalán en la escuela también debe ser responsabilidad del Gobierno del Estado. Es una lengua que tienen que proteger”, ha expuesto.
