El PP estudia con sus abogados un recurso al rescate de Plus Ultra
El partido muestra su sorpresa por la decisión del juez en funciones de desbloquear el rescate y advierte que mantendrá la ofensiva legal y política contra la medida
«Sorpresa» y «estupor». Así definen altos cargos del PP el estado de ánimo del partido después de confirmarse el aval de la Justicia al rescate de Plus Ultra. Desde Génova advierten, sin embargo, que la batalla legal y política contra estas ayudas a la aerolínea venezolana se mantiene.
De hecho, en la misma tarde de este lunes, apenas unas horas después de conocerse la decisión del juez, cargos del PP contactaron con los abogados del partido para estudiar la posible presentación de alegaciones. La respuesta de los populares, por tanto, está en fase de análisis, pero las fuentes consultadas advierten que no se van a quedar con los brazos cruzados.
En la dirección del partido destacan la situación de Jaime Serret, el magistrado que ha decidido desbloquear el rescate de Plus Ultra: «Es un juez sustituto, está en funciones, y no ha agotado la investigación».
En ese sentido, en el PP recuerdan que el partido pidió un peritaje para determinar si Plus Ultra cumplía con los requisitos legales para obtener el rescate por importe de 53 millones de euros que le fue concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y que la jueza titular, Esperanza Collazos, aceptó esa acción.
El juez Serret ha tomado la decisión «sin realizar la pericial» y argumentando que no hay indicios de un delito de cohecho
Pese a ello, destacan en el partido, el juez Serret ha tomado la decisión «sin realizar la pericial» y argumentando que no hay indicios de un delito de cohecho, al no existir pruebas que demuestren una contraprestación por la entrega de las ayudas.
El magistrado, además, tampoco aprecia tráfico de influencias, al no detectar una relación de amistad, parentesco o jerarquía entre la dirección de la aerolínea y la administración.
Cargos imputados y un informe dudoso
El PP, además, recuerda que todavía existen antiguos cargos del Gobierno imputados -incluyendo a la ex número dos de Calviño, Ana de la Cueva- y muchos documentos de la propia compañía por aclarar.
Así, según reveló este lunes Vozpópuli, Plus Ultra afirmó que su desaparición tendría un impacto en la economía de 365 millones de euros, pero sólo 101 millones corresponden a su facturación directa. El resto del dinero es calificado por la propia compañía como «impacto indirecto, inducido y generado en el turismo».
Las tesis de la aerolínea venezolana, sin embargo, han sido respaldadas por el juez, que en su auto también aprecia riesgo de bacarrota para la compañía.
Desde el PP insisten en conocer toda esa documentación y piden al Tribunal de Cuentas un informe fiscalizador de las ayudas. Además, las fuentes consultadas anticipan una ofensiva parlamentaria a partir de septiembre para depurar responsabilidades de un asunto cuya investigación, recuerdan, no se ha cerrado del todo.